Los directores del Centro, Pablo Carvacho y Catalina Droppelmann escribieron en La Tercera a raíz del anuncio presidencial de la construcción de una nueva cárcel en Santiago.
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La construcción de una cárcel de alta seguridad para controlar al crimen organizado ha generado controversias. Primero, porque es un proceso que toma años y la infraestructura no asegura el control de la corrupción. Este hecho no es nuevo, hace más de dos años desde Justicia y Sociedad UC publicamos un hallazgo empírico grave levantado en uno de nuestros estudios: el 70% de los gendarmes refería haber presenciado prácticas de corrupción en las cárceles. Segundo, una medida con mayor impacto a corto plazo dice relación con hacerse cargo de la política penitenciaria y del hecho de que aproximadamente el 60% de los cupos de las cárceles se usan para encerrar delitos menores y con baja probabilidad de reincidencia. Un ejemplo claro se observa en las cárceles de mujeres, donde la mayoría de las privadas de libertad están por delitos de drogas y contra la propiedad, como hurtos. Es decir, perseguimos y apresamos principalmente hechos que no generan gran daño a la sociedad. Además, seguimos solucionando los problemas con la misma tecnología de hace 200 años, el encierro. La corrupción, sin embargo, se controla con inteligencia y para ello se requiere primero prevenir, segundo perseguir y apresar y finalmente castigar. Es curioso que el mundo político comience al revés, por el final de la cadena.
Asimismo, si el Estado tiene problemas para manejar el orden en las cárceles, cómo va a lograr manejar la seguridad de los espacios públicos. Ese es a nuestro juicio, el problema más complejo y pertinente a intervenir. La ausencia del Estado en sectores especialmente vulnerables solo facilita y promueve la entrada y permanencia de criminalidad compleja que busca controlar territorios y reclutar a jóvenes. En este escenario, Chile cuenta con una infinidad de oferta programática en políticas sociales, sin embargo, no posee infraestructura para la prevención.
Los Centros Cívicos por la Paz (CCP) son una estrategia que puede contribuir a la prevención del delito, proveyendo espacios de encuentro comunitario y reunión de la oferta del Estado en comunidades especialmente desaventajadas y vulnerables. Se trata de grandes inversiones en infraestructura focalizada principalmente en jóvenes en riesgo social. Estos programas han sido exitosos en países como Costa Rica y Colombia.
Los CCP representan un enfoque colaborativo en el que la infraestructura pública se desarrolla en asociación con las comunidades locales, centrándose en la cohesión social y la participación. Actúan como núcleos interinstitucionales, integrando los esfuerzos de los gobiernos central y local, así como de los grupos comunitarios organizados, para crear un entorno seguro.
El objetivo principal de los CCP es prevenir la violencia y promover la inclusión social, proporcionando a los jóvenes acceso a actividades educativas, culturales y recreativas. Estos centros ofrecen una variedad de programas diseñados para mejorar la resiliencia, apoyar el desarrollo personal y fomentar un sentido de pertenencia a la comunidad. Al implicar a los jóvenes en actividades constructivas y ofrecerles tutoría y orientación, los CCP pretenden reducir el riesgo de que participen en conductas violentas o delictivas. Asimismo, ofrecen espacios para la resolución de conflictos y así evitan la violencia interpersonal y el uso de armas. Chile requiere no sólo infraestructura para encerrar, sino para asegurar que los ciudadanos puedan habitar de manera segura y protegida los espacios públicos que les pertenecen.
