Mariel Mateo P., Programa de Estudios Sociales del Delito Instituto de Sociología, P. U. Católica.
En medio del debate sobre la pena de muerte en Chile, las recientes denuncias sobre las nefastas condiciones carcelarias muestran que no estamos tan lejos. Los privados de libertad están sometidos a una pena de muerte social en nuestro país. Esto porque las políticas han tendido a endurecer las penas sin mirar lo que ocurre luego tras las rejas, como si la condición de privación de libertad anulara la humanidad y los derechos inherentes a ella.
Problemas como disponibilidad de agua potable, alimentación, acceso a salud y formación en los penales evidencian que no existe un proyecto penitenciario coherente con las disposiciones legales nacionales e internacionales que reconocen los derechos humanos y apuntan a la reinserción social. No debe sorprender que una de cada dos personas reingrese a la cárcel, cuando no se entregan herramientas para que los reclusos enfrenten la sociedad desde un lugar distinto.
Por el contrario, el castigo no se limita a la mera privación de libertad, sino que confina a los infractores a una cultura carcelaria que agudiza la exclusión social, desigualdad y tratos degradantes, a la vista y amparo del Estado. Según datos de Gendarmería, entre 2013 y 2017 murieron 670 internos en el país, casi la mitad de ellos (46%) a causa de una enfermedad y un 37% por riñas o agresiones. A esto se suma que la gran mayoría de los internos no acceden a capacitación ni a trabajo, que se entienden como beneficios penitenciarios que se otorgan a una minoría Con todo, se espera que una vez en el medio libre los ex reclusos hayan comprendido e internalizado el respeto a las normas sociales y sean capaces de soslayar el estigma de tener antecedentes penales para insertarse al mercado laboral formal.
Lejos de que la deficiente gestión penitenciaria provoque indignación, se siguen impulsando iniciativas de «mano dura» que obstaculizan un cuestionamiento serio e informado sobre el uso desmedido de la cárcel. Poco se habla de medidas alternativas a la prisión, que se implementan de forma exitosa en diversos países y que evitan los efectos iatrogénicos asociados a la reclusión, a la vez que fortalecen el vínculo entre los infractores y la sociedad. Es de esperar que la nueva administración ponga énfasis en estas últimas y promueva los profundos cambios que el sistema penitenciario chileno necesita.
Publicado en: La Segunda
