La instancia sostiene que se debe profundizar en el tema de las salidas alternativas al proceso judicial. También pide al gobierno mantener las líneas centrales de la iniciativa ingresada por Michelle Bachelet.

Un rediseño mayor al sistema de sanciones, la creación de un cargo que le reste poder al director nacional y la existencia de un consejo que establezca estándares de intervención para los menores de edad. Estas son algunas de las propuestas que elaboró un grupo de expertos convocados por el Centro de Políticas Públicas y el Programa de Estudios Sociales del Delito de la Universidad Católica (UC), para mejorar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Esta entidad está orientada al trabajo con los menores infractores de ley y es parte de la iniciativa que busca dividir en dos al actual Servicio Nacional de Menores (Sename).

El pasado 13 de marzo, el Presidente Sebastián Piñera le dio suma urgencia a esta iniciativa legal, la que fue ingresada al Senado por el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Hoy está en el primer trámite constitucional y ya fue aprobada en general. Ahora, lo que corresponde es su aprobación artículo por artículo en el Congreso.

ara esta mesa de expertos, que terminó en enero pasado, es fundamental que se tomen en cuenta sus recomendaciones para mejorar el proyecto, por lo que en los próximos días entregarán al Congreso sus propuestas. Esto se hará a través de un documento en el que trabajaron durante el segundo semestre de 2017.

Entre los ocho participantes del panel estuvieron Ana María Morales, de Fundación Paz Ciudadana; Catalina Droppelmann, del Instituto de Sociología de la UC; Gonzalo Berríos, de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, y Mauricio Duce, de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

Recomendaciones

El documento que se entregará al Parlamento contiene seis conclusiones. La primera es que es “pertinente” que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera mantenga y apruebe las líneas centrales de la propuesta legislativa ingresada por la administración de Michelle Bachelet.

No obstante, apuntan a que de igual forma hay que hacerle modificaciones durante la tramitación en el Congreso, para evitar la demora de la separación de las funciones del Servicio Nacional de Menores (Sename). Y, también, que exista una institución encargada de la protección de menores vulnerables que no han cometido delitos y otra de la reinserción social de adolescentes infractores de la ley penal.

Salidas judiciales

Uno de los aspectos clave que plantea la instancia es realizar reformas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y que se privilegien salidas judiciales que permitan al menor cumplir la sanción en libertad.

En este sentido, dice el documento, “se recomienda profundizar y reformar otras salidas alternativas al proceso, como las desestimaciones tempranas no condicionadas y los acuerdos reparatorios”.

Otro punto que se debería tomar en cuenta, según los expertos, es “contemplar un rediseño mayor al sistema de sanciones”. Esto, explican, debido a que el proyecto “no desarrolla sanciones centrales de la justicia juvenil, como el servicio en beneficio de la comunidad, la reparación del daño o la libertad vigilada especial”.

Al respecto, Pablo Carvacho, académico de Sociología de la UC y participante de la mesa, explicó que “son sanciones que hoy existen, pero tienen poco uso, porque en la práctica no hay un mecanismo y la ley no ha establecido los protocolos para ver cómo se concretiza, por ejemplo, el beneficio la comunidad”.

Añadió que “en los sistemas de justicia juvenil se recomienda que los jóvenes no lleguen a juicio, pero si es que llegan, que ojalá se pueda tempranamente, dentro del proceso, desviar hacia mecanismos distintos de la cárcel o del encierro. Se está perdiendo una oportunidad para innovar en ese aspecto, que es establecer mecanismos alternativos al proceso judicial y a la pena”.

En relación a la orgánica misma del servicio que se busca crear, sugieren levantar la figura de un director ejecutivo para evitar la concentración de facultades en el director nacional y así descentralizar el poder.

En el mismo sentido, piden establecer un consejo con mayores atribuciones. Entre ellas, la definición de los estándares de intervención de los menores.

Respuesta de justicia

Consultado sobre la propuesta del panel de expertos, el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, señaló que “el informe recomienda que se fomenten, entre otras cosas, las salidas alternativas al proceso, los acuerdos reparatorios y, en general, que se busque justicia restaurativa; esto es, una justicia que permita la reinserción de los jóvenes. En este sentido, el proyecto contempla aspectos que van en esa línea, poniendo énfasis en los procesos de intervención y de reinserción más que en el encierro. En todo caso, las sugerencias del informe y de los expertos deben ser analizadas justamente ahora, que estamos a tiempo de perfeccionar el proyecto”.

Asimismo, Ossa señaló que “valoramos enormemente las opiniones de la academia, los expertos, la sociedad civil y, en general, de todos quienes quieran colaborar. Más allá de las naturales diferencias que puedan existir durante la tramitación del proyecto, todos remamos para el mismo lado y buscamos que, en definitiva, nuestro país tenga una mejor institucionalidad en una materia tan sensible como esta”.

Para la diputada RN Marcela Sabat, integrante de la comisión investigadora del Sename, “las recomendaciones van en el sentido correcto. El sistema debe poner énfasis en los jóvenes y no en la sanción, la reinserción y el acompañamiento como lo fundamental. Los programas son lo que ayudarán a que ellos puedan tomar decisiones diferentes en el futuro”.