Señor Director: Hace seis meses, en un hito histórico y significativo, el Presidente de la República confirió suma urgencia al trámite de Derecho al Tiempo, reconociendo públicamente que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son crímenes cuya elaboración y verbalización es tan compleja -cuando llega a ser posible-, que no deben prescribir. Junto a otros países, Chile va abriendo camino en una forma de entender las leyes que incorporan la evidencia científica, el cuidado ético y el compromiso con la reparación, buscando formas de concurrir en este proceso, por ejemplo, mediante la creación de una comisión especial de verdad y restitución para sobrevivientes de abuso sexual infantil.

Pero nos falta. Cada día siguen siendo vejados más de cincuenta niños en nuestro país. La tasa de suicidalidad derivada del abuso sexual es la más alta, y su grave impacto en salud física y mental ha sido rotundamente establecido. Cuesta entender que todavía exista quien niegue deliberadamente -en razón de argumentos doctrinarios con un punto ciego para la experiencia humana- la posibilidad de justicia a sobrevivientes, exponiendo así a otros niños a ser victimizados. Recordemos que abusadores e instituciones pueden continuar vulnerando en tanto no transformemos la realidad que hoy nos limita.

En julio pasado, la ley fue aprobada en lo general por el Senado, en votación unánime. Desde entonces se han discutido indicaciones relacionadas, principalmente, con la necesidad de que esta ley, que busca terminar con la impunidad, no deje afuera a miles de víctimas, quienes, debido a plazos de prescripción -arbitrarios y lesivos de derechos constitucionales-, no han podido acceder oportunamente a justicia.

La pregunta vital en las decisiones que siguen alude al valor de garantizar derecho a justicia, y al ejercicio de autocuidado social para prevenir las agresiones sexuales a niños y niñas. Necesitamos poder confiar en el derecho y en la aplicación de justicia frente a estos crímenes abominables. #Derechoaltiempo cuenta con apoyo de la ciudadanía, del Ejecutivo, del Parlamento: ¿qué más falta? ¿Qué o quién podría oponerse a esta trayectoria esperanzada que suma ya una década? El año ya termina. No demoremos más.