La efectividad de la justicia juvenil ha estado en cuestión durante los últimos años en Chile. Además de su incapacidad para reinsertar adecuadamente a los adolescentes infractores, hemos sido testigos de una serie de hechos que dan cuenta de la vulneración de los derechos de adolescentes atendidos por el Sename.
En este contexto, el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social es, sin duda, un avance para el estado actual de la justicia juvenil en Chile. Por lo mismo, resulta positivo que se haya optado por perfeccionar el proyecto presentado por el gobierno de la Presidenta Bachelet.
Con todo, si bien el proyecto propone importantes avances respecto de la situación actual, creemos que este debe ser mejorado en distintos ámbitos. Así, su diseño orgánico puede perfeccionarse, entre otros aspectos, separando las funciones encomendadas a un director nacional y a un director ejecutivo; procurando una menor concentración de facultades en el primero, y estableciendo mayores atribuciones para el consejo de estándares y acreditación. También resulta fundamental regular el rol concreto que tendrán los delegados, respecto de lo cual se considera esencial que sean parte del servicio, sin perjuicio de que los programas de intervención puedan ser externalizados a privados sin fines de lucro.
En cuanto a las reformas a la Ley 20.084, es posible una propuesta que acerque en mayor medida la regulación legal a los principios y objetivos de la reinserción social juvenil. Así, se recomienda profundizar en otras salidas alternativas al proceso e introducir una idea más acabada de justicia restaurativa, fundamental para la impartición de justicia juvenil. Junto a ello, es posible un desarrollo mayor de sanciones, como el servicio en beneficio de la comunidad, la reparación del daño o la libertad asistida especial.
Finalmente, además de que la especialización orgánica propuesta parece ser insuficiente, se recomienda una regulación legal que permita asegurar la especialización a nivel técnico. Aunque existe la intencionalidad de otorgar mayor formación a los actores del sistema, es necesario incluir en dichas exigencias de especialización a otros integrantes, a saber, ministros de Corte de Apelaciones, policías y gendarmes.
De esta forma, el proyecto presenta aspectos que deben ser mejorados, a fin de tener un servicio más moderno y dinámico. Con todo, difícilmente lograremos hacer las cosas de manera distinta en esta materia si utilizamos los mismos modelos de siempre. Esperamos que el Congreso perfeccione el contenido de este y le dé una tramitación seria y profunda, consistente con la complejidad que amerita una deuda más que vencida con la infancia vulnerable de nuestro país.
Ana María Morales Fundación Paz Ciudadana
Catalina Droppelmann, Pablo Carvacho Instituto de Sociología UC
Gonzalo Berríos Facultad de Derecho Universidad de Chile
María Elena Santibáñez Facultad de Derecho UC
Mauricio Duce Espacio Público – Facultad de Derecho UDP
Miguel Cillero Facultad de Derecho UDP – Centro Iberoamericano de Derechos del Niño
Ignacio Irarrázaval Centro de Políticas Públicas UC
Publicado en: El Mercurio
