Ulda Omar Figueroa, coordinador del área de Estudios en Justicia, publicó la columna de opinión en El Mercurio Legal «Control inteligente del delito en barrios: el espejismo de las botas y la evidencia de las intervenciones focalizadas».
Para muchos gobernantes en América Latina, usar a las fuerzas militares en labores de control del delito surge como una irresistible tentación frente a instituciones que son percibidas como sobrepasadas por la actividad criminal o corrompidas por las organizaciones criminales. Bajo este supuesto, países como México, Brasil y Colombia han promovido durante las últimas dos décadas estrategias de militarización de las labores de patrullaje y persecución penal.
Y en todos ellos, esta apuesta ha fracasado.
La historia es similar. El uso de los militares en el control del delito comienza a ser promovido, sin que esto genere mejores resultados que los que conseguían las fuerzas policiales, pero generando una pérdida irreparable de confianza en la policía y una dependencia en las fuerzas armadas que no se hace posible revertir.
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