Ulda Omar Figueroa, coordinador de Estudios del Centro UC Justicia y Sociedad, publicó la columna de opinión «Legislar sin evaluar: copamiento legislativo, ciencia de la implementación y el potencial de los informes de impacto regulatorios», en El Mercurio Legal.

📌 De manera similar a lo que ocurrió en los gobiernos anteriores, la actual administración ha comenzado a promover una extensa agenda legislativa en materia penal, que incluye 19 proyectos en tramitación, 9 iniciativas nuevas y una reforma constitucional cuya promulgación aspira a alcanzar antes de Navidad. La estrategia que sostiene esta nueva agenda de reformas legales en materia penal prontamente fue descrita como un “copamiento legislativo”, evocando que el espacio parlamentario será ocupado por la discusión de seguridad del mismo modo en que se aspira a que las policías ocupen los barrios: mediante una lógica de saturación. El problema es que las leyes, a diferencia del despliegue policial, no producen efectos por el solo hecho de existir. Promulgar una ley es apenas el comienzo de un proceso que debe permear organizaciones, profesionales y territorios antes de beneficiar a las personas. Y es ese trayecto, que va de la aprobación a la experiencia ciudadana, el que la política criminal chilena viene subestimando con preocupante frecuencia.

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