01 de diciembre. De las 37 facultades de Derecho del país que fueron convocadas por el Ministerio de Justicia para que analizaran el anteproyecto de nuevo Código Penal que hizo una comisión de expertos, 10 entregaron sus estudios en el plazo establecido, que se cumplió el jueves pasado.

Se trata de las universidades Adolfo Ibáñez, Alberto Hurtado, Autónoma de Chile, Católica de Chile, De Antofagasta, De Chile, De los Andes, Diego Portales, San Sebastián y Santo Tomás. Todas valoraron el trabajo técnico y que se aborde como un código omnicomprensivo, ‘que pone fin a la legislación especial, dispersa y fragmentada’, como dijo la vicedecana de Derecho de la Universidad de Chile, Renée Rivero.

Y en lo particular, los 37 académicos de su facultad que trabajaron en este tema coincidieron en ‘la diferencia transformadora’ que significa el nuevo sistema de determinación de las penas que se propone, que busca la pena efectiva estableciendo años precisos para ciertos delitos. Pero hubo discrepancias. Unos piensan que es indispensable un tribunal de ejecución de penas y otros advierten que sería necesario dar más atribuciones a los jueces de garantía. ‘Esto va a tener un impacto muy grande en el sistema procesal penal y en el sistema penitenciario. Es muy importante que la aprobación de este código se trabaje en coordinación con las reformas que hay que hacer en el código procesal penal’, dijo la vicedecana.

En la Universidad Diego Portales, en tanto, el profesor Fernando Londoño indicó que, junto con valorar el trabajo, echaron de menos estudios empíricos y diagnósticos que permitan proyectar el impacto de una propuesta semejante en el plano penitenciario y procesalpenal, aunque sea preliminar. También estimaron que falta regular la situación de quienes, al tiempo de entrada en vigencia del futuro nuevo Código Penal, se encuentren condenados o estén siendo juzgados hoy. ‘Eso tendrá naturalmente un impacto relevante y posiblemente será necesaria una reforma constitucional’, dijo el abogado.

El profesor Alex van Weezel, de la Universidad Católica, no participó en la discusión interna, pero estuvo a cargo de sistematizar las ideas de la comisión, que consideró que el sistema de penas abre muchas interrogantes. ‘Existen dudas de que sea conveniente restringir las facultades de los jueces en la forma en que lo hace el anteproyecto, en el sentido de no autorizar, salvo excepciones muy calificadas, que el juez sobrepase el marco legal de penas. Existen dudas sobre el efecto que este sistema tendría en un eventual incremento de la población penal. Y tercero, existen dudas sobre la forma como operaría el sistema de determinación de penas con las alternativas al juicio oral’.

Gonzalo García Palominos, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, dijo que hubo una visión muy crítica respecto de las valoraciones ideológicas que se expresan. La más de fondo apunta a que ‘el proyecto desarrolla una matriz absolutamente liberal e individualista, incorporando una serie de disposiciones —aborto, eutanasia, homicidio por piedad o, incluso, instituciones generales, como el estado de necesidad defensivo como causa de justificación— que no responden a los parámetros valorativos de la Constitución’.