El modelo de privación de libertad que educa y se enfoca en la reinserción
5 de marzo. Costa Rica implementó un modelo innovador que vela por los derechos humanos de los “residentes” en el sistema penitenciario. La experta del BID Beatriz Abizanda explica los detalles.
Por Ignacio Echeverría
Que los internos privados de libertad tengan clases de nivelación académica, capacitación laboral y ayuda psicológica es una quimera para la realidad chilena, pero ya es una realidad en un país latinoamericano. Se trata de Costa Rica, donde se está aplicando desde hace unos años el modelo de unidades integrales, enfocado en la reinserción a la sociedad de estas personas.
Beatriz Abizanda, especialista senior en modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en este país, contó al Centro Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile los detalles de cómo se gestó esta idea que permitió a Costa Rica innovar en su accionar penitenciario.
“Costa Rica fue la víctima de una ecuación que yo diría que es perversa, en el sentido de que a partir de la mitad de la década de los años 2000 empezó a subir el delito, pero afortunada o desafortunadamente –porque todo tiene una doble cara–- la policía empezó a ser más proactiva y más efectiva en la detección criminal”, explicó.
Además, “el sistema judicial se dotó de unos tribunales que se llaman tribunales de flagrancia, que mediante un procedimiento abreviado eran más rápidos en tener las sentencias, en su mayoría condenatorias, y esto condujo a un incremento casi exponencial en el número de personas que entraban al sistema penitenciario”.
Otra de las cosas que cambió la realidad costarricense en esa época es que “hubo un cambio legislativo con endurecimiento de penas, es decir, pequeños problemas de conducta antisocial que anteriormente no eran considerados delitos, sino contravención, se volvieron delitos, entonces tuvimos una especie de tormenta perfecta por el mejor accionar del Estado acompañado de un problema de incremento del crimen”.
¿Cómo el sistema penitenciario pudo resistir esos cambios?
- Estaba colapsando. Costa Rica, que no tenía un sistema penitenciario hacinado, a partir del año 2008 incrementa a tasas de 30, 40 y 50% anuales de número de personas que estaban entrando con sentencias más largas. Además, fue víctima de un problema fiscal importante que hace que el sistema penitenciario, que generalmente no es la primera prioridad de los países porque siempre hay problemas sociales, educativos, etcétera, se quedase un poco ayuno de la inversión que necesitaba.
¿Y el hacinamiento?
- En el momento de la implementación, el sistema estaba sometido a presión por hacinamiento, pero también había una conciencia muy importante de que el sistema penitenciario no sea únicamente para procesar personas, sino que el sistema penitenciario tenga una función de acompañamiento de preparación al egreso para intentar paliar que las circunstancias que empujaron a las personas a meterse en una vida de delincuencia por lo menos se le pueda dar una plataforma y ayudar para que tomen otras decisiones una vez que salgan. Y este es el modelo de unidades de atención integral.
Unidades de atención integral from el BID – the IDB on Vimeo.
Unidades de Atención Integral
En ese contexto, en el año 2008 Costa Rica buscó ayuda internacional, iniciando conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo en busca de un apoyo económico “pero también técnico y para traer las mejores experiencias de lo que es un buen sistema penitenciario al país”.
Posteriormente, en el 2011 se aprueba el préstamo y su implementación empezó aproximadamente en el año 2014. “Ahí ya se contratan los diseños, que por primera vez no fueron diseños hechos por el sistema penitenciario, pero fueron diseños hechos con el sistema penitenciario. Vino una firma y durante un período de ocho meses con unos 16 talleres se pudo llegar al concepto y al diseño de lo que podrían ser las Unidades de Atención Integral”, dice Beatriz Abizanda.
Lo importante de ello es que el diseño involucró a todas las dependencias y departamentos del sistema penitenciario costarricense (psicología, medicina, orientación, educación, mantenimiento, policía penitenciaria, producción agroindustria, apoyo legal, estadística, etc.), por lo que fue un trabajo colaborativo el que finalmente permitió su implementación.
¿Y en sí qué son y qué rol cumplen estas unidades en el sistema?
- Las personas privadas de libertad ingresan en las unidades de atención integral en los últimos meses de su pena. Una vez ingresan en ellas, se les denomina ‘residentes’.
¿Por qué solo en las últimas etapas?
- Sabemos que las etapas finales son críticas para asegurar un mejor reingreso.
¿Y cuál es la diferencia?, ¿qué hacen esos meses?
- Lo que queremos es apoyarles con nivelación académica, ya que el 70% de los que están en el sistema penitenciario costarricense y quizá de la región no han terminado la secundaria, apoyarles también con capacitación profesional, pero sobre todo trabajar con ellos sus capacidades y habilidades socioemocionales; y los problemas de salud mental, que desafortunadamente son demasiado frecuentes en el medio penitenciario.
¿Cuántas personas se logran atender en el proceso?
- Tienen espacio para 1600 personas privadas de libertad y en resultados tempranos, porque apenas llevamos un año de funcionamiento. A finales de 2017 estaban en plena ocupación. Aún no se han producido los primeros egresos.
¿Y cómo ha sido para los internos este cambio?
- Le puedo decir que el 80% de los privados de libertad que están ahí sienten que hay claridad en las reglas del juego, sienten que hay respeto y legitimidad en cuanto a cómo se les trata a ellos y a sus familias, y esto es lo que la evidencia empírica en otros países, fundamentalmente Inglaterra, lo que hemos aprendido es que está asociado a buenos efectos a nivel de reinserción. Es una combinación de trato y tratamiento, trato y atención, que son dos caras de la moneda de la reinserción social y que son críticas para asegurarnos mejores efectos a la hora del egreso de estas personas.
El trabajo viene a ser solo una parte de esta rehabilitación social…
- Esta es una forma de entender la preparación para el egreso muy vernácula y propia de Costa Rica y es un poco la derivación de un modelo que tienen allá que se llamaba Unidades Productivas, donde el eje de rehabilitación se pensaba únicamente como el trabajo como herramienta de reinserción, pero lo que la evidencia internacional nos ha indicado es que el trabajo per se no ayuda a la reinserción, por supuesto es un elemento, pero hay otros elementos como la preparación académica o el trabajo a nivel socioemocional, y, esta tríada es la que realmente da mejores resultados. No se puede hacer el uno sin el otro.
Replicar el modelo
Beatriz Abizanda estuvo en Chile en el marco de la Semana de la Seguridad Ciudadana. Dice que la realidad latinoamericana es complicada, pero que nuestro país ha avanzado gracias a un profesionalismo y recursos adecuados que le permiten estar sobre el promedio en estos temas. Sin embargo, el modelo de las Unidades de Atención Integral no existe en nuestro país.
“No es un misterio que la situación en la región es muy difícil. Estamos hablando de un promedio de hacinamiento de 68%. Estamos viendo que hay una prevalencia importantísima de la prisión preventiva durante períodos muy largos. Lo que espero es que eventos como este van a ayudar a que haya un intercambio de experiencias, porque todos los países tienen como pequeños laboratorios, el tema es que muchas veces las evaluaciones no son frecuentes y siguen operando a una escala muy reducida”, analizó.
¿Las Unidades Integrales de Costa Rica se podrían replicar?
- Hay una concienciación grande a nivel regional, algo que antes no existía y creo que tenemos un buen punto de partida para innovar y seguir aplicando esto. Pero es muy importante que sean decisiones que tomen dentro de los países, conforme al ordenamiento legal y también a la cultura institucional de los países. Lo que ha funcionado para Costa Rica puede ser que no funcione para otro sitio.
Pero puede haber ciertos cimientos, bases mínimas para ese cambio…
- Sí. La importancia de hacer alianzas con las entidades académicas de la región, la importancia de que haya un diálogo más fluido, más libre entre las partes parece fundamental para que estas experiencias promisorias puedan ser evaluadas, y si funcionan bien puedan avanzar al siguiente nivel.
¿Y en el caso de Chile?
- Yo siento que en Chile hay una academia fuerte, muy especializada en este tema; no conozco mucho el sistema penitenciario chileno, pero han sido innovadores en muchas cosas, por ejemplo, en la concesión de las instalaciones penitenciarias. Yo creo que Chile está en una situación privilegiada para hacer esto, porque tienen los recursos y los profesionales adecuados para ejecutar este tipo de reformas, pero tiene que ser algo que surja del sistema chileno; la imposición desde afuera no tiene asidero institucional y lo importante es que las experiencias chilenas puedan ser reconocidas, adaptadas, y Chile encuentre su propia forma de abordar el problema.