Conversatorio reunió a la Iglesia, Estado, academia y sociedad civil para reflexionar sobre el uso de la prisión, advertir sobre el populismo punitivo y proponer una justicia centrada en la dignidad y la reinserción social.

En un contexto de profundos desafíos en justicia penal y seguridad pública, se realizó el conversatorio “Justicia que Reintegra: Humanización del Sistema Penitenciario” en la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto a Fundación Mujer Levántate, Paternitas y Fundación Invictus. La instancia reunió a representantes de la Iglesia, el Estado, la academia y la sociedad civil para reflexionar sobre una justicia que conjugue responsabilidad, dignidad humana, clemencia y reinserción social, en sintonía con el Jubileo 2025 “Peregrinos de la Esperanza”.

La prorrectora de la UC, Mariane Krause, enfatizó que “desde la Pontificia Universidad Católica de Chile sostenemos con convicción que la dignidad humana no se pierde, no se suspende ni se relativiza por la condición de privación de libertad”. El encuentro abordó, además, los impactos diferenciados del encarcelamiento prolongado en mujeres embarazadas o en lactancia y en personas mayores, especialmente con enfermedades terminales. En esa línea, el capellán nacional de Gendarmería, Luis Sepúlveda, llamó a un uso racional de la cárcel, calificó de inaceptable la presencia de niños en recintos penitenciarios y sostuvo que el Estado debe hacerse cargo: “La crueldad no se repara con crueldad”.

Por su parte, el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, planteó la importancia de volver a ser más humanos y reconocer que quienes están en la cárcel “son también nuestros hermanos”. El cardenal valoró profundamente el trabajo de quienes cumplen funciones en la cárcel, reconociendo las enormes dificultades que enfrentan y destacando los gestos de humanidad que allí se viven. Afirmó que quienes han perdido la libertad no han perdido su dignidad: son parte de la sociedad, hijos de Dios, y merecen condiciones de vida que respeten sus derechos humanos, especialmente cuando la enfermedad o la fragilidad los alcanzan.

El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, advirtió sobre el populismo punitivo: en cuatro años, la población penal habría aumentado 50% sin reducir delincuencia ni victimización. Propuso más centros semiabiertos, fortalecimiento de los CET y mayor uso de penas sustitutivas, junto con segmentación penitenciaria para evitar que primerizos convivan con reincidentes. Recordó que el indulto aplicado en pandemia benefició a 1.720 personas y que, según un seguimiento, solo 6,9% reincidió.

El director de Investigación y Desarrollo del Centro UC Justicia y Sociedad, Pablo Carvacho, añadió que existe un uso desproporcionado de la cárcel y que cerca de la mitad de la población penal está en prisión preventiva, destacando la necesidad de modelos diferenciados y cárceles más pequeñas, de baja seguridad y alta reinserción.

Sobre la reforma institucional, el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Jaime Gajardo, explicó que se busca separar con claridad las funciones: Gendarmería asumiría la seguridad penitenciaria y se crearía un servicio de reinserción social con presupuesto, metas y responsabilidades definidas, radicado en el Ministerio de Justicia.

Los testimonios de Khristian Briones (Fundación Dimas) y Jeannette Zurita (Fundación Mujer Levántate), ambos ex privados de libertad, evidenciaron el impacto de la reinserción y las barreras posteriores. Briones sostuvo que, al reinsertarse, se corta un ciclo de daño que podría evitar miles de víctimas; Zurita advirtió que “la condena no termina” al salir, por la dificultad de acceder a empleo y limpiar antecedentes.

Finalmente, la hermana Nelly León, fundadora y presidenta de la Fundación Mujer Levántate y capellana del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, cerró el conversatorio con un llamado al futuro presidente José Antonio Kast a escuchar a las 41 organizaciones de la sociedad civil que por años han trabajado en reinserción. Enfatizó que existe experiencia acumulada, evidencia y capacidad de colaboración, y sostuvo que el desafío de avanzar en reinserción y justicia social requiere una articulación real entre Estado y organizaciones especializadas. “Nos ponemos a disposición para contribuir a que este gobierno tenga éxito en reinserción y en una justicia más humana”, enfatizó.