SEÑOR DIRECTOR

El Sr. Sebastián Valenzuela, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos responde diciendo que «la composición de la comisión obedeció al hecho de que en los últimos años se contaba con dos anteproyectos, trabajados por distintas comisiones, en 2013 y 2015, dentro de los cuales, lamentablemente, no se incluyeron mujeres». La simple inercia de una práctica excluyente en el pasado -la comisión que elaboró el proyecto de 2013, por lo demás, fue designada por el mismo gobierno que intervino en el nombramiento de la actual- no es una justificación razonable, y si esta única que puede esgrimirla autoridad competente, queda en evidencia el carácter inadmisiblemente discriminatorio en la conformación de sus integrantes.

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La convocatoria que se hace «para revisar el proyecto completo antes de su ingreso al Parlamento», en el contexto de reuniones «con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género», revela un intento trasnochado por enmendar un error que ya es irreversible, pues cualquier incidencia en el proyecto será marginal y solo constituye una estrategia de maquillaje. Por otro lado, perpetúa la imagen que nuestra contribución solo tiene relevancia en el marco de una mirada de género, subestimando nuestras capacidades técnicas como expertas en la disciplina. Somos académicas y/o profesionales de las ciencias penales y criminológicas, y no necesariamente teóricas del género. Solo nos queda dejar constancia de la impresentable situación de discriminación que vivimos las mujeres en nuestro país.

María Inés Horvite Lennon, Myrna Villegas Díaz / En representación de 26 académicas y abogadas expertas en ciencias penales

Publicado en: La Tercera, 26 de septiembre de 2018, página 4.