El día jueves 3 de abril, Catalina Droppelmann, Directora Ejecutiva de nuestro centro, Directora del Núcleo Milenio de Complejidad Criminal y académica del Instituto de Sociología y de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue entrevistada por Matilde Burgos en el noticiero de CNN Chile sobre el proyecto de ley anunciado por la diputada Camila Flores que busca reducir la edad de imputabilidad de los menores de edad infractores de ley de 14 a 12 años.
En la instancia, Catalina abordó que la evidencia demuestra que bajar la edad de imputabilidad no tiene efectos disuasivos en los menores infractores de ley. «Bajarla a los 12 años no es ni costo efectivo ni tampoco se basa en la evidencia respecto de la capacidad disuasiva que pudiese tener el penalizar a jóvenes, primero por un tema de desarrollo cerebral. La madurez psico-social se alcanza a los 21 años. Bajo los 16 años los jóvenes no son capaces de hacer un buen análisis costo-beneficio, de tener perspectiva y un pensamiento dirigido a metas, por lo que la capacidad disuasiva que supuestamente se estaría buscando con bajar la edad de imputabilidad a 12 años no estaría funcionando porque los jóvenes a esa edad no son capaces de aprender del castigo», señaló.
Asimismo recalcó que la medida tampoco lograría disuadir a las bandas criminales de reclutar a menores de edad. «El argumento de la captación de las bandas criminales de jóvenes por su calidad e inimputables no se basa en evidencia, porque para las bandas criminales la mano de obra que entregan los jóvenes infractores es fácilmente remplazable. Tampoco trae ninguna consecuencia para ellos si esos jóvenes son o no son judicializados. El incentivo a incorporar jóvenes muy chicos tiene más que ver con la impulsividad que con ser o no imputables», aseveró.
En esa línea, Catalina Droppelmann abordó lo fundamental que es que el sistema no obligue a las niñas, niños y adolescentes infractores de ley a saltarse etapas importantes de su desarrollo psico-social al ser judicializados. «Es difícil sobre todo cuando perdiste los años de transición, que son los mas ricos desde el punto de vista del desarrollo y apertura al desarrollo vital del mundo adulto. Obstaculizar este proceso a través de la judicialización y las penas privativas de libertad es desde todo punto de vista un error», aseguró, recalcando la importante labor de potenciar políticas públicas de prevención para jóvenes en riesgo. «Hemos impulsado mucho los Centros Cívicos por la Paz o los centros de juventud, que se han implementado en Costa Rica y Brasil. Se instalan físicamente en los territorios y alojan toda la oferta programática cultural, laboral, deportiva, etc. Los jóvenes no llegan a la oferta porque está disgregada y no saben como acceder a ella (…) En la medida en que los jóvenes puedan estructurar un proyecto de vida distinto del delictual y vean roles disponibles –que hoy no los ven- podría de alguna manera generarse una disminución del delito y una mayor adquisición de roles prosociales».
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