«Durante los últimos meses, tanto a nivel de legisladores como de la opinión pública, se ha puesto en la discusión la posibilidad de endurecer las penas que actualmente se aplican para los adolescentes que cometen delitos. Esto, como respuesta al “supuesto” aumento de la delincuencia juvenil, lo que contradice abiertamente la evidencia nacional e internacional sobre el desarrollo adolescente. Por ello, se debe elevar la discusión en dos aspectos: en cuanto a la capacidad disuasiva del aumento de penas y del aumento de la delincuencia juvenil».
Endurecer las penas no ha demostrado ser un mecanismo eficaz para reducir la comisión de delitos. Todo lo contrario, el contacto prolongado con el Sistema de Justica tiende a dificultar la salida de los adolescentes de trayectorias delictivas y los procesos de desistimientos (UNICEF, 2018; Gatti et al, 2009). Desde la evidencia también, se ha documentado que cerca del 80% de las personas que delinquen en la adolescencia no lo seguirán haciendo en la adultez (Mulvey, 2011; Loeber y Farrington 2012). Esto sugiere que la mayoría de los adolescentes infractores son justamente eso, adolescentes en proceso de desarrollo que pueden cambiar su devenir si se les brinda apoyo y oportunidades.
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