Luego que el martes pasado el Senado aprobara en general el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, dentro de dos semanas se les acaba el plazo al Ejecutivo y a los congresistas para presentar indicaciones.

Es ahora cuando se deberán corregir los grandes vacíos que, a juicio de los especialistas, presenta el cuerpo legal que pretende poner fin al histórico drama de la niñez vulnerada en el país, simbolizado en la crisis del Sename.

¿Resolverá este proyecto, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, los problemas que tiene hoy el Servicio Nacional de Menores?

Aquí responden seis personas que conocen en detalle el tema de la infancia: el representante de Unicef en Chile, Paolo Mefalopulos; el presidente de la Fundación Ciudad del Niño, José Pedro Silva; la directora de Aldeas Infantiles S.O.S., Paulina Fernández; la jueza de familia Mónica Jeldres; el abogado experto en infancia Nicolás Espejo y el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez.

LO BUENO

Que la oferta de programas de atención sea en base a evidencia y a territorialidad.

Que se busque desjudicializar la protección de los menores. (Esto no incluye a quienes están en conflicto con la justicia, tema que está en manos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el proyecto de Reinserción Social Juvenil).

Que se visibilice a los mayores de 18, que también serán objeto de protección para que se reinserten socialmente.

Y que se propenda a la reunificación familiar.

En el valor de esos aspectos hay gran consenso en el panel de expertos consultados. Y también en que exista un enfoque de intersectorialidad.

Pero precisamente este último punto es el que les plantea mayores dudas a los especialistas, porque no está bien definido en el proyecto cómo operará en la práctica, dicen. Es decir, quién será el ‘director de orquesta’ para que suenen las alarmas.

LO QUE DESPIERTA INQUIETUD

Al presidente de la Fundación Ciudad del Niño, José Pedro Silva, le merecen dudas los alcances concretos que tendrá la coordinación intersectorial, que propende a que en temas como deserción escolar, drogadicción y salud mental intervengan de inmediato los ministerios de Educación y Salud y los servicios encargados, ocupándose de los cupos en los colegios, de las atenciones médicas y hospitalarias, etc. ‘Tenemos dudas si la coordinación es el mejor camino, puesto que no se establece una obligación legal de tales órganos y de las demás instituciones para actuar en consecuencia, sino simplemente una suerte de declaración de intenciones que en la práctica ha sido ineficaz’, dice Silva.

En Aldeas S.O.S. también hay inquietud por la coordinación intersectorial. Paulina Fernández estima que el proyecto debiera ser claro en especificar al encargado. En su opinión, ese rol debiera cumplirlo la Subsecretaría de la Niñez.

El abogado Nicolás Espejo está igualmente preocupado por la falta de claridad en las obligaciones legales que las demás reparticiones del Estado deberán cumplir para otorgar una protección integral a los menores que entran a los programas. ‘El proyecto debiese incluir una norma que establezca obligaciones precisas a nivel intersectorial’.

Paolo Mefalopulos, de Unicef, advierte que se requiere avanzar en la definición de estándares de calidad en la oferta, para dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño sobre los problemas de funcionamiento del sistema.

La jueza Mónica Jeldres ve problemas ‘en cuestiones elementales, como el objeto del servicio, derechos no garantizados, ausencia de protección administrativa, en el diseño y dependencia jerárquica, que no asegura eficiencia en la coordinación con los tribunales de justicia’. Cree que antes debería tener suma urgencia el proyecto de ley de Sistema de Garantías.

Y Marcelo Sánchez, de la Fundación San Carlos de Maipo, señala: ‘Precisamente uno de los elementos que puede ser más valioso es el de desjudicializar la mayor parte de los casos que entran al sistema, pero si no existe una entidad especializada, con estándares claves y responsabilidad jerarquizada y administrativa, que pueda actuar con la potestad para exigir y derivar a la oferta con pertinencia y oportunidad, lo que se va a producir es un vacío que no van a estar tomando los tribunales, ni tampoco serán las oficinas locales las que resuelvan. Es fundamental en este contexto la necesidad de disponer de representación jurídica garantizada y autónoma para cada niño desde el primer ingreso al sistema’.

LA DUDA: ¿Solucionará el gran problema?

Nicolás Espejo: ‘Creo que de no mediar un fortalecimiento del proyecto, los resultados del sistema en régimen serán acotados y no resolverán los problemas de fondo en la vida de los niños’.

José Pedro Silva: ‘Estimo que se avanzará en algunos aspectos específicos, asociados a mejores estándares técnicos y fortalecimiento del monitoreo y fiscalización. Sin embargo, para el logro final de los objetivos que justifican esta reforma, se requiere mayor claridad en torno a la forma en que, con ocasión de la ejecución de un programa que busca hacerse cargo de una vulneración específica, se puedan activar todos (y no algunos de) los dispositivos de protección integral con los que cuenta el Estado y las municipalidades, a nivel local’.

Mónica Jeldres: ‘No, esta ley, a mi juicio, no resolverá el problema. Podría ser lo mismo o peor si se aprueba el proyecto como está, ya que la protección tiene que ser mayoritariamente administrativa, con un servicio que ejecute lo que ha sido observado por la ONU, sin que nada de esto se contemple en ninguno de los proyectos de ley presentados’.

Paulina Fernández: ‘Podría resolver los problemas actuales si es que efectivamente se modifica el sistema de financiamiento, al menos en acogimiento alternativo; si efectivamente se genera un sistema de formación y capacitación que nos permita en un plazo razonable que los cuidadores ya no solo tengan cuarto medio’.

Marcelo Sánchez: ‘El proyecto requiere perfeccionarse en los aspectos clave, como la protección administrativa y el acceso a representación jurídica’.

Paolo Mefalopulos: ‘Este proyecto de ley establece el principio de la priorización, la que se traducirá en que niños, niñas y adolescentes que sean sujetos de atención del servicio deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la administración del Estado. Para una priorización efectiva, se requiere establecer mecanismos de coordinación a nivel local entre las instituciones que están a cargo directamente de los niños, niñas y adolescentes, como las residencias, juzgados de familia, consultorios de salud, sistema educativo, etc. Asimismo, será necesario complementar este proceso de cambios normativos y programáticos con la discusión y aprobación del proyecto de ley que crea un sistema de garantías para protegerlos integralmente’.