- El profesor de la Escuela de Gobierno UC e investigador del Núcleo Milenio Complejidad Criminal (NMCC), expuso ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde advirtió que la iniciativa carece de evidencia que respalde su eficacia y presenta riesgos para la reinserción y los derechos fundamentales.
Mauricio Duce, académico de la Escuela de Gobierno UC e investigador del Núcleo Milenio de Complejidad Criminal (NMCC), junto al director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson y Emilia García Cox, directora de estudios Ideapaís, expusieron en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, sobre el proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades (Boletín N° 18.341-25).
Durante su presentación, Duce sostuvo que esta iniciativa “no reducirá estos delitos y puede generar efectos contraproducentes». Además, agregó que el proyecto parte de un diagnóstico equivocado al asumir que el problema radica en la falta de sanciones. Explicó que la mayoría de las conductas incluidas en la iniciativa ya cuentan con sanciones penales o administrativas, en muchos casos incluso las penas más altas de nuestro sistema penal, y que la evidencia criminológica muestra que el aumento de las penas, por sí solo, no tiene un efecto disuasivo relevante.
«La investigación disponible indica que la disuasión depende principalmente de aumentar la probabilidad de detección y sanción efectiva, más que de endurecer las penas», señaló Duce, citando estudios internacionales sobre prevención del delito.
Uno de los aspectos que más cuestionó fue la creación de un registro público de personas sancionadas, acompañado de restricciones para acceder a determinados beneficios sociales y educacionales. Según explicó, la evidencia disponible sobre mecanismos similares es escasa y no demuestra que reduzcan la reincidencia o la delincuencia. Por el contrario, diversos estudios muestran que pueden generar procesos de estigmatización y exclusión social, especialmente tratándose de jóvenes.
También identificó diversos problemas de la propuesta en el respeto de derechos fundamentales. Ellos incluyen la contradicción directa que existe entre la sanción de pérdida de la Pensión Garantizada Universal con normas constitucionales explícitas que lo prohíben. Además, identificó problemas generales de constitucionalidad del régimen de medidas o sanciones que impondría el registro con las garantías de prohibición de sancionar dos veces por un mismo hecho (ne bis in idem), el principio de proporcionalidad de las penas, el debido proceso y la igualdad.
Como alternativa, Duce propuso revisar la tipificación y sanción establecida para algunos actos que podrían categorizarse como incivilidades; fortalecer el cumplimiento efectivo de las sanciones ya existentes (especialmente las multas) y avanzar hacia una estrategia de prevención y persecución del delito basada en evidencia. Entre sus propuestas destacó que al revisar las penas hay una oportunidad para ampliar el uso de medidas como la reparación del daño y los trabajos en beneficio de la comunidad e introducir mecanismos restaurativos, especialmente tratándose de jóvenes. También enfatizó la necesidad de diseñar respuestas diferenciadas de persecución penal de las incivilidades distinguiendo según el tipo de infracción, priorizando estrategias que han demostrado mayor eficacia en la prevención y persecución del delito.
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