• En la instancia, los equipos de seguridad de los principales aspirantes a La Moneda incluso tomaron posturas sobre tema que no aparecen en los programas, tal como la pena de muerte. Otros temas que se discutieron fue el porte de armas, la frontera, el crimen organizado y el rol de la prevención temprana, con énfasis en la evidencia y el rol del Estado.

“Este seminario es una herramienta muy concreta para hacer realidad este sueño que hemos definido en la UC, de una universidad que busca contribuir a la transformación de la sociedad. Desde ya ponemos a disposición la universidad para colaborar con quien asuma la conducción del país en el próximo periodo”, con este enmarque, el prorrector de Gestión Institucional UC, Francisco Gallego,  dio inicio al conversatorio «Propuestas y Reflexiones sobre Seguridad y Crimen Organizado desde los equipos presidenciales«, organizado por la Escuela de Gobierno UC y el Centro UC Justicia y Sociedad, para discutir los desafíos en seguridad pública, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana en miras a la elección presidencial.

La instancia reunió a los encargados de seguridad de los principales candidatos presidenciales: el diputado Raúl Leiva, a cargo del equipo de la candidata Jannette Jara; el general en retiro del Ejército, Luis Felipe Cuéllar, quien lidera el área en la candidatura de Johannes Kaiser; Flavio Espinoza, coordinador en el equipo de Franco Parisi; Carlos Maldonado, responsable del tema en la candidatura de Evelyn Matthei; y Enrique Basaletti, quien cumple ese rol en el equipo de José Antonio Kast.

Las preguntas fueron elaboradas por un equipo interdisciplinario de académicos junto a la periodista María Angélica Bulnes, de T13 Radio, a través de las cuales se abordaron aspectos sensibles como la tenencia de armas por civiles, la eventual reposición de la pena de muerte, el vínculo entre la vigilancia fronteriza y criminalidad, y las estrategias frente al crimen organizado.

“El mundo académico tiene un punto de vista frente a estos problemas de complejidad criminal, que es algo diferente a la sensibilidad política. Tenemos una manera peculiar de pensar estos problemas que es fruto de la investigación y de la evidencia recogida en muchas partes y momentos del tiempo”, agregó el director del Centro UC Justicia y Sociedad, Eduardo Valenzuela.

Uso de armas

Según una nota publicada en el diario El Mercurio el mismo día del conversatorio, las armas inscritas desaparecidas suben casi un 25% y superan las 7 mil por segundo año consecutivo. En ese contexto, se abordó la interrogante sobre si debe modificarse la ley para facilitar o dificultar el acceso a armas por parte de los particulares.

Luis Felipe Cuéllar criticó las restricciones actuales por afectar a personas honestas y deportistas. Argumentó que el problema no radica en las armas legales, sino en aquellas que ingresan de forma ilegal por las fronteras, y defendió el derecho a la legítima defensa ante la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad. Misma línea que el general (r) Basaletti, y quien subrayó que el foco del control debe estar en las armas de guerra utilizadas por el crimen organizado.

Carlos Maldonado, del equipo de Evelyn Matthei, coincidió en que el problema de seguridad no se resuelve con más armas en manos de particulares. Sostuvo que el foco debe estar en reforzar el rol del Estado para que los ciudadanos no sientan la necesidad de armarse por miedo. Enfatizó que la legislación actual ya establece requisitos exigentes y que el fenómeno delictual tiene otras raíces.

Flavio Espinoza, exjefe de la Brigada de Homicidios y del equipo de Franco Parisi, respaldó la idea de que la mayoría de las armas usadas por el crimen organizado son importadas ilegalmente y no provienen de robos a particulares. Propuso fortalecer el sistema de registro balístico al momento de la compra, permitiendo una trazabilidad inmediata ante hechos delictivos.

Desde el equipo de Jara recomendaron la creación de una Agencia Nacional de Control de Armas y que agregaron que “casi un 30%, un 40% de esas armas inscritas terminan en manos del crimen organizado”, según el diputado Leiva.   Apuntando en esa dirección, se realizó la consulta de si las candidaturas estaban dispuestas a reexaminar la institucionalidad a cargo del control de armas, más allá de las posturas sobre endurecer o flexibilizar las leyes. El diputado Raúl Leiva, del equipo de Jara y el general (r) Basaletti del equipo de Kast, manifestaron estar a favor de revisar dicha institucionalidad.

Pena de muerte

El debate evidenció distintas posturas frente a la idea de reponer a la pena de muerte en Chile, aunque estas candidaturas no lo incluyen en sus programas. El equipo que abiertamente estuvo a favor de restituirla provino de las filas de Kaiser. Luis Felipe Cuéllar expresó su apoyo a la pena capital para violadores, asesinos de policías y asesinos en general. Argumentó que se trata de una medida disuasiva para prevenir delitos graves, con el objetivo de que Chile “no siga siendo un paraíso para criminales”.

Carlos Maldonado en tanto, señaló que, si bien la exalcaldesa no apoyó la derogación de la pena de muerte en 2001, aclaró que en su programa no propone su restitución, debido a la falta de viabilidad política, los escasos casos en que fue aplicada en el pasado y la existencia de sanciones penales como el presidio perpetuo calificado. Propuso eliminar beneficios carcelarios como la libertad condicional para delitos graves como homicidio, violación o secuestro. Asimismo, desde los equipos de Jara y Kast descartaron reincorporarla, coincidiendo en la falta de eficacia del sistema judicial chileno para aplicar las penas. El diputado Leiva recordó además los compromisos internacionales suscritos por Chile donde se prohíbe su aplicación y coincidió en la falta de eficacia del sistema judicial chileno.

Una postura más ambivalente fue planteada por Flavio Espinoza, quien afirmó que la pena de muerte no está contemplada en su programa. No obstante, planteó que, si existiese un “clamor ciudadano” al respecto, su implementación podría ser consultada vía plebiscito digital con clave única.

Seguridad en la Frontera y crimen organizado

El control migratorio y la seguridad fronteriza generaron amplio consenso como prioridad, pero las soluciones dividieron a los equipos: algunos proponen reforzar con tecnología y coordinación estatal, otros apuestan por medidas más radicales.

El equipo de Franco Parisi propuso el uso de minas antitanques señalizadas como medida disuasiva, idea que fue discutida por el equipo de Johannes Kaiser, ya que existe. En tanto, el equipo de Evelyn Matthei planteó la creación de una policía militar fronteriza y el uso de tecnología avanzada para vigilar los más de 1.100 kilómetros con Perú y Bolivia.

Desde el equipo de Jeannette Jara se defendió una estrategia basada en coordinación estatal y uso de infraestructura crítica, rechazando la creación de nuevas instituciones. Por su parte, los equipos de José Antonio Kast y otros candidatos propusieron recriminalizar el ingreso ilegal, mientras otros advirtieron que eso solo saturaría el sistema sin resolver el problema de fondo.

Pese a las diferencias, el llamado común fue a fortalecer el control fronterizo y combatir las redes ilegales asociadas a la migración irregular.

Prevención temprana en niños y niñas

Al finalizar el conversatorio se les preguntó a los representantes sobre el rol de la prevención temprana en niños y niñas en su programa de seguridad considerando que estudios muestran que el presupuesto de seguridad destinado a instituciones que realizan trabajo de prevención en el período 2006-2024 apenas supera el 5%.

Los equipos de los cinco candidatos presidenciales coincidieron en la importancia de la prevención social temprana, enfocada en niños, niñas y adolescentes, como una pieza clave para evitar la criminalidad a largo plazo. Sin embargo, también se pudo apreciar una visión crítica en varias candidaturas a las instituciones del sector y una fuerte confianza en las políticas de corte persecutorio en los jóvenes.

Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno UC, concluyó que “reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de este debate público. Creemos que la academia tiene un rol legítimo en este proceso generando conocimiento con rigor, haciendo preguntas difíciles, contribuyendo a esas decisiones políticas para que se tomen con evidencia y con diálogo, tomando en cuenta toda nuestra diversidad que hay en la sociedad”.

Revisa el conversatorio completo aquí