Catalina Droppelmann, Directora Ejecutiva Programa de Estudios Sociales del Delito, Pontificia Universidad Católica.
No resulta sorprendente el proyecto ingresado por algunos parlamentarios que llama a reducir la edad de responsabilidad penal a los 13 años. Este clamor popular lo hemos visto en países vecinos como Uruguay y en países como Inglaterra y Gales, donde, un caso aislado pero de gran connotación social que ocurrió en 1993, ha impedido elevar la edad de responsabilidad penal, que desde 1963 sigue siendo los 10 años de edad. Es interesante constatar que, a diferencia que lo que ocurre con delitos cometidos por adultos, cuando se trata de la delincuencia juvenil el clamor ciudadano se acrecienta, principalmente alimentado por ciertas falacias arraigadas en el imaginario popular.
La primera falacia, se refiere a que el que delinque en la juventud, lo hará durante toda la vida. Si bien es cierto que un inicio temprano en la delincuencia predice una carrera criminal más larga y más prolífica; esto no implica necesariamente que todos los que comienzan a delinquir durante la niñez, lo seguirán haciendo en la edad adulta. La evidencia muestra que aproximadamente 60 por ciento de los infractores juveniles no sigue delinquiendo en la adultez temprana, independiente de la edad de inicio de la conducta delictual.
La segunda, se basa en que la mano dura es la mejor medida para terminar una carrera criminal. Acá la investigación ha demostrado que es justamente la judicialización de la conducta delictual lo que intensifica las carreras delictuales amplificando la reincidencia. También, se ha demostrado que las intervenciones basadas en el entrenamiento de habilidades y el acompañamiento, son significativamente más efectivas que aquellos basadas meramente en la vigilancia, coerción y disciplina.
La tercera, dice relación con que el castigo severo disuadirá a los jóvenes de seguir delinquiendo. Sin embargo, a los 13 años los niños difícilmente aprenderán de un castigo tan severo como la cárcel. En efecto, si consideramos la evidencia de la criminología, podemos observar que recién en la adolescencia tardía, comienza a disminuir la búsqueda de sensaciones y mejoran los mecanismos de balance entre sanciones e incentivos. Antes de eso, los jóvenes no consideran adecuadamente los costos de su conducta. La madurez de juicio recién tiene su peak en desarrollo cerebral a partir de los 18-19 años.
Esta evidencia muestra que muchas medidas que creemos eficaces no tienen impacto alguno e incluso agravan el problema. Desafortunadamente, los políticos siguen enfrentado la delincuencia como si fuese una conducta crónica, donde el rol del Estado se debiese centrar solamente en castigar. Es hora de enfrentar el problema incorporando el hecho de que, es justamente la ausencia de Estado en la infancia, lo cual se debe reparar con adecuadas estrategias de prevención y reinserción.
Publicado en: La Tercera