En el encuentro Enela, realizado en Temuco, se discutió la caída del aporte empresarial en la zona.
Anuncian plan preventivo y fijan nuevos estándares de investigación para enfrentar muertes en cárceles
Informe ONUDD reveló que Chile tiene la menor tasa de homicidios de la región, pero la más alta en penales. Gendarmería implementará el programa ‘Tu vida nos importa’ y Ministerio Público instruyó que todos los decesos se investiguen como ‘potencialmente ilícitos’.
El estudio sitúa a Chile entre 2010 y 2016 con un promedio de homicidios intracarcelarios que bordea los 90, seguido de Montenegro (país del sureste de Europa situado en la península balcánica) y El Salvador.
Es posible que el incendio en la torre 5 de la cárcel de San Miguel, donde fallecieron 81 internos, haya impactado la tasa. No obstante, el mismo informe indica que en 2016, 57 de los 612 homicidios registrados en el país fueron en recintos penales, lo que corresponde al 9% de todos los asesinatos.
A Gendarmería, sin embargo, estas cifras no le calzan con las que maneja. Fue lo primero que dijeron a ‘El Mercurio’. Exhibieron sus estadísticas, explicando que cada año ingresan a las cárceles unas 120 mil personas enviadas por los tribunales, pero algunas salen en el mismo período. El promedio anual de reclusos es de unos 46.333 en los últimos siete años.
Es esa cifra del universo que contempla la población flotante la que considera la Dirección de Presupuesto (Dipres); y, según el artículo 29 del Decreto Supremo 518/980, con ese universo se debe hacer el cálculo de la tasa de personas fallecidas como consecuencia de la violencia entre reclusos; es decir, ‘se debe contemplar el total de personas que ingresaron a un establecimiento penal con régimen cerrado durante el año’.
Independientemente del universo con que se calcule la tasa (ver tabla), lo concreto es que en 2012 fallecieron en hechos de violencia entre reos 42 internos. En 2013, 37. En 2014, 62; en 2015, 57; en 2016, 52; en 2017, 48; y comenzaron a disminuir en adelante.
Población flotante en el sistema penitenciario
El director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, dice: ‘Existe una población penal que es invisible, que tiene que ver con el flujo. Si sacamos una muestra en enero de 2018, hay 41.500 internos. Pero al sistema penitenciario ingresan sobre 120 mil en el año, población flotante que también debe ser atendida e incorporada’. Concluye que si la metodología que utiliza la ONUDD no es la misma, los datos se distorsionan y, afirma, ‘como no conozco la metodología que está detrás de las cifras que ellos sacaron, tengo varias dudas respecto del informe ONUDD’.
‘Sabemos —acota Alveal— cuántos internos hay y los contamos todos los días: mañana y tarde. Mi pregunta es si los demás países pueden hacerlo’. Además, apunta, ‘hemos tenido una reducción de muertes por riñas en nuestros penales: En 2017 hubo 48, y este año van 16’.
Ahora, para seguir avanzando en esa línea, el director anuncia que una vez que tengan la nueva reglamentación asociada a la normativa del Decreto 518 de Gendarmería implementarán el plan ‘Tu vida nos importa’.
Poco más de un tercio son homicidios
Explica que existe un compromiso de reducir las muertes violentas. ‘Muchas están asociadas a disputas territoriales, entonces se cobran venganza dentro de la cárcel. Una lógica totalmente conectada con la violencia en los barrios, que intentan replicar dentro de la cárcel’, dice. ‘Tenemos —plantea— que tratar de generar una lógica de desincentivo a quienes tengan esta conducta. Los reos que agredan a otros reclusos van a tener un sistema diferenciado, porque si realmente queremos reinserción, hay que erradicar la violencia, la muerte y el narcotráfico de los penales’.
—De las muertes ocurridas en 2018, el 36,5% son por riñas; pero el 44,3% obedecen a enfermedades. ¿Cuáles son las más recurrentes en la población penal?
—Lamentablemente son recurrentes las enfermedades asociadas a distintos tipos de cáncer. Y también, fallas al corazón.
Siempre autopsia, aunque parezca natural
Gendarmería es además parte de una mesa interinstitucional que estableció un protocolo de alerta temprana para investigar las muertes de personas bajo custodia del Estado, atendiendo a la recomendación del Sexto Informe periódico de Chile ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Ese mismo reporte además sugirió asegurar que todos los fallecimientos en privación de libertad fueran investigados con prontitud y por un órgano imparcial, conforme con estándares internacionales.
El Ministerio Público en enero pasado —a partir de ese protocolo— impartió instrucciones a sus fiscales para la indagación de decesos de esta naturaleza.
La directora de la Unidad Especializada de DD.HH. de la Fiscalía Nacional, Ymay Ortiz, afirma que ‘un primer paso es tener registros únicos (una cifra) y, un segundo, es entender que todas las muertes son sospechosas y tienen que ser investigadas —y no solo las que aparecen como una riña— y hay que investigarlas con determinados criterios. Por ejemplo, este protocolo establece una autopsia conforme con el Protocolo de Minnesota, que implica que aunque haya un certificado de defunción que diga ‘sí se murió de apendicitis’, debe decretarse la autopsia, porque de acuerdo a este protocolo hablamos de muertes potencialmente ilícitas’.
Ese es un documento elaborado por Naciones Unidas, que establece orientaciones y directrices técnicas para las policías, los investigadores, los organismos forenses.
Hay que pensar, dice Ortiz, que ‘en las cárceles existe una situación muy compleja, porque hay una cultura de convivencia especial donde existen ciertos códigos que dificultan la investigación. Resolver un homicidio en una cárcel es difícil’.
Evitar los cierres definitivos de los casos
Junto con la autopsia , el instructivo fija otras ‘diligencias mínimas’ —relacionadas con solicitudes de información y toma de declaraciones— y dispone que los fiscales pongan una marca especial a estas causas en el sistema informático interno para visibilizarlas y que eviten ‘adoptar decisiones de término que no permitan reabrir la investigación en el caso de aparecer nuevos antecedentes’, consigna el Oficio FN N° 037/2019.
Estas y otras obligaciones incluyen muertes ocurridas en penales, centros residenciales del Sename y sus organismos colaboradores, así como residencias destinadas a la atención de personas con discapacidad y pertenecientes a la tercera edad.
>>»Como no conozco la metodología que está detrás de las cifras que ellos sacaron, tengo varias dudas respecto del informe ONUDD’.
Christian Alveal Director nacional de Gendarmería
>>»En las cárceles existe una situación muy compleja, porque hay una cultura de convivencia especial donde existen ciertos códigos que dificultan la investigación. Resolver un homicidio en una cárcel es difícil’.
>>»Un primer paso es poder tener registros únicos y, un segundo, es entender que todas las muertes son sospechosas y tienen que ser investigadas’.
Ymay Ortiz Directora Unidad Especializada de DD.HH. de la Fiscalía Nacional
>>Capellán Roblero: ‘Veo interés por reducir la violencia en las prisiones’
—Un interno en la cárcel me dijo hace dos o tres semanas: ‘El único derecho que uno no pierde dentro de la cárcel es la muerte’. Quedé helado. Captura un sentimiento de que su vida está en constante peligro.
Lo cuenta el capellán Luis Roblero. El sacerdote jesuita que ha dedicado su vida a intentar abrirles horizontes a los presos no pierde su capacidad de asombro.
‘Las cárceles son espacios de violencia, y eso tiene que ver con estar privados de libertad… el ocio hace lo suyo y no podemos desconocer que la población que se encarcela son vidas que traen cargas muy fuertes de violencia desde la cuna’, dice.
Aun así, está al tanto del informe de la ONUDD y, pese a que conoce por dentro esa violencia que menciona, tiene dudas sobre la calificación de Naciones Unidas respecto a que las prisiones chilenas tienen la tasa más alta de homicidios. ‘Me ha tocado estar en cárceles en Brasil y en Perú y, con todo el respeto de esos países, están casi administradas por los mismos privados de libertad. Por eso, no sé si las cifras comparativas que emplea ese informe internacional son fiables’, afirma.
Indica que cualquier muerte que se produce en el espacio público, o de gente que está bajo la custodia del Estado, es grave y ‘es un tema que nos tiene que hacer reflexionar muchísimo de cómo se controlan las violencias. Y me consta que hoy en Gendarmería están preocupados por eso y que van a poner en marcha un plan que busca reducir la violencia y sancionar de manera efectiva a quienes cometen homicidio en los penales. Y también hay un paso muy decidido del respeto que desde siempre debimos haber tenido por la vida humana. Por eso están empeñados en la reinserción, con el plan +R y otros’.
Advierte que ‘la cárcel es una réplica de lo que se vive en algunos barrios y los grupos son los mismos. Hay un relacionamiento que es con violencia. A eso se suma el tema del narcotráfico. Adentro lo que uno ve son disputas territoriales, disputas por la droga, y cuando están drogados se ponen más agresivos. Hay mucho narcotráfico que ahora se empezó a descubrir adentro y también están coludidos algunas veces con agentes del Estado. Pero uno observa preocupación ahora en la autoridad, y diría que hay un interés genuino por tratar de reducir la violencia por medio de la reinserción, políticas públicas y sanciones más efectivas; no lo podemos desconocer. Yo veo un esfuerzo grande de Gendarmería, y eso tiene que ver con la paz social’.
