Nuestra directora ejecutiva, Catalina Droppelmann y nuestro director de Investigación y Desarrollo, Pablo Carvacho publican hoy en La Tercera una columna sobre el manejo de la crisis carcelaria en nuestro país.

«Es necesario avanzar en, al menos, tres ámbitos clave. El primero se refiere al uso racional de la prisión preventiva. Conforme a los datos de Gendarmería, su uso ha aumentado considerablemente. Si para 2010 habían 11.604 imputados recluidos, representando el 24% de la población privada de libertad, la cifra a diciembre del 2023 llegaba a los 19.665, lo que implica un 37% de las personas encarceladas. El segundo, dice relación a los mecanismos de salida a través de los beneficios penitenciarios. La libertad condicional, necesaria para asegurar no solo la progresividad de las penas, sino también para controlar el hacinamiento y la violencia, viene en franco declive. En 2023, el porcentaje de otorgamiento no superó el 9% de las postulaciones, impidiendo la descongestión de las cárceles. Finalmente, un eje que poca atención ha recibido es el rol y capacidades de los funcionarios penitenciarios. Un estudio reciente de Justicia y Sociedad UC, dio cuenta que el 63% de los gendarmes percibe prácticas de corrupción entre los funcionarios; 58% refiere actividades ilícitas entre los gendarmes e internos; y 56% percibe consumo problemático de drogas y/o alcohol entre los uniformados. Asimismo, 61% no recibió atención de salud mental desde la institución cuando la necesitó. Junto a ello, su formación no los prepara para las tareas diarias y prevalece una cultura organizacional que impide la promoción de la reinserción social. A pesar de esto, se han aumentado sus atribuciones, incluso para la investigación de los delitos que se cometen dentro de las cárceles, rol que un Estado de Derecho debiese asumir con firmeza el Ministerio Público»

Accede a la columna acá