A noviembre de 2023 la población penal en Chile llega a 55.000 personas, mientras que en diciembre de 2022 el número era de 45.000. Esto ha llevado a la sobrepoblación carcelaria, la violencia, la marginalización y estigmatización de quienes están privados de libertad, afectando en su mayoría a jóvenes en poblaciones periféricas, a sus familias y barrios.
“Ante esta preocupación, la colaboración científica y social nos invita a preguntarnos qué y quiénes se castiga con encierro y represión, cómo el encierro en la cárcel se ha convertido en un multiplicador de violencias, y cuál es nuestro horizonte común para construir una sociedad más justa y democrática”, señaló Angel Aedo, Director (s) de VioDemos.
El Seminario Internacional “Crimen y Agendas Públicas: Los riesgos del punitivismo”, organizado por el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, VioDemos, y el Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, contó con dos conferencias de investigadores internacionales que analizaron el punitivismo desde distintas perspectivas: Richard Sparks de Edinburgh Law School y Michelle Bonner de University of Victoria.
La estrategia del populismo punitivo
Para Michelle Bonner, el punitivismo es una estrategia que se enfoca en la división entre los ciudadanos (los buenos) y los delincuentes (los malos). Generalmente utilizado por líderes y autoridades políticas de cualquier militancia, este discurso punitivo se articula a través del populismo con el fin de ganar elecciones y conseguir apoyo popular.
“El populismo punitivo es el miedo basado en la opinión pública como una respuesta emocional, en lugar de elegir las mejores respuestas de los expertos. En este caso, los delincuentes son una amenaza que se controla con la exclusión y violencia popular», explica la investigadora.
“Es un discurso instrumental, moral y emocional, que opera en base a representaciones e ideologías”, comentó Jaime Gajardo, Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien participó del panel. “El aumento de la demanda punitiva, que caracteriza el discurso y la reacción social ante el delito, es una tendencia entre la ciudadanía y frente a los distintos actores políticos. Hoy vemos demandas por más y mayores castigos hacia quienes cometen delitos”.
Dado que la delincuencia y la inseguridad son cuestiones que urgen a la población, estos argumentos se usan independiente de si las tasas de criminalidad son altas o bajas. Como explicó Bonner, se trata de decisiones políticas que entran en tensión con los derechos humanos, especialmente frente al castigo en las cárceles.
En cuanto a la características de los regímenes carcelarios, Richard Sparks cree necesario comprender el fenómeno de forma situada, ya que no todas las prisiones son iguales. “Cualquier declaración comparativa es sustancial e interesante, y podemos encontrar muchísimas prácticas en distintos regímenes carcelarios de distintos países. En Europa y Latinoamérica hay importantes diferencias, por lo tanto, también consecuencias significativas respecto a lo que significa vivir y trabajar en estas instituciones”, señaló el investigador.
A su vez, considera que el discurso punitivo es multidimensional y no se reduce a la pregunta de cuántos reclusos existen en un centro penitenciario -aunque el hacinamiento sea un hecho relevante-, más bien se relaciona con aspectos estratégicos y sentimentales que nos entrega la cultura de la práctica penal.
Aún así, una de las maneras en que los sistemas carcelarios cambian esta cultura es en respuesta a situaciones de crisis. “Generalmente usamos esta palabra libremente para describir un problema persistente pero que puede resultar de muchas maneras, sean estas algunas formas de conflicto, individual o colectivo. Por lo mismo, para aplicar nuevas medidas es importante atender a las distintas realidades de las cárceles”.
El rol de los medios y redes sociales ante el punitivismo
En este sentido, cabe preguntarnos por el rol que cumplen los distintos medios de comunicación y plataformas digitales en la percepción de este fenómeno, así como en los sentidos que se cultivan en la sociedad frente a inseguridad, criminalidad y cárcel.
Bonner, basada en una investigación en Chile y Argentina, sostuvo que las reformas mediáticas de acuerdo al mercado (la privatización y especialmente la desregulación) en ambos países cambiaron las prácticas comunicacionales cotidianas de los periodistas, actores estatales, y actores de la sociedad civil, en una manera que favorece el avance del populismo punitivo
Desregulación mediática incluye reducciones en regulaciones sobre la cantidad y alcance de propiedades una compañía mediática puede tener, así como la reducción o eliminación de regulaciones que favorecen o apoyan contenido importante para democracia, pero no viable comercialmente, como reportajes de vigilancia, noticias locales o perspectivas de grupos minorías o marginalizados.
“Los medios de comunicación desempeñan un papel importante para nuestra democracia, sin embargo, cuando se utilizan estos canales sin un enfoque crítico, los resultados pueden no ser democráticos”, señaló Bonner. En este sentido, son dos las situaciones que llama a observar; la escasez del periodismo de investigación en los medios y el incremento de las relaciones públicas como fuente de las noticias.
En este sentido destacó el rol de las oficinas de comunicaciones de las policías como fuentes de información. Antes no existían dichas unidades y/o bien no existía la tecnología que hoy permite capturar imágenes en vivo de los delitos.
Daniel Matamala, periodista de Chilevisión y columnista de La Tercera, concordó en que existen distintos actores e información que permite construir todas las noticias, y específicamente las vinculadas al crimen, como la Fiscalía, los equipos de seguridad de los municipios y también las policías.
Sin embargo, enfatizó en que la especularización de la delincuencia no depende de la cobertura, sino también de las condiciones en que esa delincuencia empieza a relatarse y registrarse: “El impacto emocional a la audiencia hoy es mayor, porque le mostramos cómo fue el acto delictivo con detalles, y por lo tanto, se contribuye a exacerbar los discursos que son más fáciles, punitivos y demagógicos en materia de punitivismo”, apuntó.
“Los medios afectan, no puedo obviar el rol de las redes sociales en torno a la percepción del delito” agregó Jaime Bellolio, ex Ministro de la Secretaría General de la Presidencia y Director del Observatorio Territorial del Instituto de Políticas Públicas UNAB. “Esto, ya que hay más testigos de un mismo hecho delictivo. La presencia de más testigos es un factor que aumenta la sensación de inseguridad”.
Para Patricia Pérez, Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2022-2027), este fenómeno en plataformas digitales es bastante alarmante, especialmente porque se establece cierta indiferencia hacia quienes se encuentran en situaciones de privación de libertad.
“Todos tenemos en la retina estos grupos en redes sociales para celebrar cuando detienen a las personas, o los comentarios en torno a la ejecución de una joven en la vía pública por tener una historia delictiva. Y lejos de ser algo repudiado, es algo que tiene bastantes adeptos. Este miedo al otro tiene una característica que permite objetivar a este otro y explica por qué es más simple pedir más políticas de mano dura”, indicó Pérez.
Tras las presentación, como reflexiones finales las y los panelistas apuntaron a poner a la luz cómo pensamos la cárcel, “particularmente en Chile, donde distintas experiencias nos han permitido mirarla de manera distinta”, comentó Catalina Droppelmann, investigadora VioDemos y Directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC.
«Tuvimos el estallido que nos permitió pensar cuál es el rol de la democracia en las cárceles; discusiones constitucionales que nos permitieron hacer cabildos en cárceles; una pandemia que hizo preguntarnos por las similitudes entre quienes están adentro y afuera, ya que por primera vez también nos vimos encerrados. Son bastantes hechos históricos-políticos que hemos vivido los últimos años y que nos invitan a pensar la cárcel y discutir sus consecuencias”.
Revive el Seminario Internacional “Crimen y Agendas Públicas: Los riesgos del punitivismo”.
