Con el estudio se confirma que las mujeres no sólo cargan una historia de victimización y marginalidad, sino que, una vez que egresan de la cárcel, vuelven a un entorno carente de oportunidades para la inclusión social y chocan con un Estado ausente.

El estudio “Reinserción, desistimiento y reincidencia en mujeres privadas de libertad en Chile” siguió a 225 mujeres que egresaron del Centro Penitenciario Femenino de Santiago y del Centro de Estudio y Trabajo Talita Kum, a lo largo de su primer año en libertad.

Los datos de la primera investigación que aborda esta temática desde el género femenino, realizada por Fundación Colunga, Fundación San Carlos de Maipo y el Centro de Justicia y Sociedad del Instituto de Sociología UC, fueron presentados en Colunga.

En la actividad estuvieron presentes Esperanza Cueto, Presidenta de Fundación Colunga; Alejandro Fernández, Jefe de reinserción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Christián Alveal, Director Nacional de Gendarmería de Chile, entre otros. 

Invisibilizadas y carentes de oportunidades

¿Qué ocurre con las mujeres privadas de libertad una vez que salen de la cárcel? Uno de los principales hallazgos del estudio muestra que para muchas mujeres encontrar trabajo corresponde a uno de los mayores desafíos para la reinserción. A pesar de que un 83.8% de las mujeres cree que es importante encontrar trabajo a la salida de la cárcel, sólo el 36% ha tenido uno remunerado al menos una vez durante el año.

“Las mujeres privadas de libertad han sido invisibilizadas e ignoradas desde hace mucho tiempo. Comprender las trabas con las que las mujeres se enfrentan al salir de la cárcel, nos tiene que ayudar a generar mejores políticas y programas que impacten en ellas y sus familias. Creemos firmemente que trabajando juntos entre el Estado, la academia y la sociedad civil podemos hacer la diferencia en este ámbito y dar una oportunidad real de inserción, aportando así a reducir la pobreza y exclusión en nuestro país”, afirma Arturo Celedón, Director Ejecutivo de Fundación Colunga.

Con el estudio se confirma que las mujeres no sólo cargan una historia de victimización y marginalidad, sino que, una vez que egresan de la cárcel, vuelven a un entorno carente de oportunidades para la inclusión social y chocan con un Estado ausente.

Otro aspecto importante para relevar tiene que ver con que el 89% de las entrevistadas es madre, de las cuales el 70% tiene hijos menores de 18 años. “Los principales afectados son los niños, niñas y adolescentes, no sólo cuando la madre está privada de libertad, sino también cuando mantiene conductas infractoras. Evidentemente, es un factor de riesgo para el desarrollo de conductas problemáticas”, manifiesta Marcelo Sánchez, Gerente General de la Fundación San Carlos de Maipo.

“El paso de las mujeres por la cárcel tiene costos sociales que se extienden a sus familias e hijos. Las mujeres han sido olvidadas, no sólo en el ámbito de la intervención, sino además en cuanto a la investigación de los factores que inciden en el desarrollo de sus carreras delictuales”, explica la encargada de la investigación y académica del Instituto de Sociología UC (ISUC), Pilar Larroulet.

Cerca de un tercio (33%) de las mujeres entrevistadas se habían iniciado de adultas en el mundo delictual, cumpliendo condenas por delitos de drogas, presentando menor abuso de sustancias y muy bajos porcentajes de reincidencia delictual al año de egreso (14%). 
Por otra parte, un segundo grupo presentaba un inicio delictual más temprano, con mayor prevalencia de problemas de abuso o dependencia de drogas ilícitas (sobre el 50%), y condenas asociadas a delitos contra la propiedad. Estas tienen, además, una mayor probabilidad de reincidir en delito y de hacerlo tempranamente, presentan también menor probabilidad de empleo y mayor inestabilidad residencial.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, manifestó: “Tenemos que entender que la reinserción debe seguir caminos adecuados a la realidad de cada persona. No es igual la forma de hacerlo entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos o entre condenados por delitos violentos u otros sancionados por delitos económicos”.

Catalina Droppelmann, Directora del Centro Justicia y Sociedad, sostiene: “Esperamos que esta información sirva de base para la elaboración e implementación de programas que, haciéndose cargo de las necesidades específicas de esta población, aumenten sus probabilidades de reinserción social”.

Luego de estos resultados, los expertos trabajarán en un Comité Asesor compuesto por personas de la academia, sociedad civil, gobierno y sistema de justicia, el cual sesionará 4 veces en el año 2019 para discutir diferentes temáticas y generar propuestas específicas que sirvan de insumo para la elaboración de programas o estrategias que permitan procesos de reinserción efectivos.