En el taller sobre seguridad pública, especialistas coincidieron en que el crimen organizado, la crisis penitenciaria y el levantamiento del secreto bancario requieren respuestas basadas en evidencia, coordinación institucional y una política preventiva de largo plazo.

«Puede que la prevención sea poco popular, pero probablemente es la estrategia más realista para enfrentar la inseguridad», afirmó Clarisa Hardy, presidenta del Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso al inaugurar en el taller «Cárceles y secreto bancario: urgencias de seguridad pública». Para reforzar esa idea, recordó los estudios del Premio Nobel de Economía James Heckman, que muestran que por cada dólar invertido en la infancia se pueden evitar 17 dólares en costos asociados a intervenciones posteriores, subrayando la importancia de priorizar políticas preventivas de largo plazo.

La necesidad de avanzar hacia políticas de seguridad pública sustentadas en evidencia, fortalecer la inteligencia financiera para perseguir el crimen organizado y enfrentar la crisis penitenciaria con una mirada integral, fueron algunos de los principales consensos del seminario «Cárceles y secreto bancario: urgencias de seguridad pública», que reunió a autoridades, parlamentarios y académicos.

Entre ellos, Clarisa Hardy, presidenta del Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso; Hugo Espinoza, exdirector nacional de Gendarmería; Gabriel de la Fuente, exministro secretario general de la Presidencia (Segpres); Catalina Droppelmann, académica de la Escuela de Gobierno UC y directora de investigación del Centro UC Justicia y Sociedad y los diputados Juan Marcelo Valenzuela y Raúl Leiva, miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputadas y Diputados, entre otros.

Durante su intervención, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, enfatizó que, desde la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas, “hemos sido testigos de cómo la seguridad pública se ha transformado en una de las principales preocupaciones de las familias chilenas. El avance del crimen organizado, el narcotráfico, la economía ilícita nos obligan a revisar permanentemente las herramientas con las que cuenta el Estado para prevenir, perseguir y sancionar estos delitos”.

Por su parte, el exdirector nacional de Gendarmería, Hugo Espinoza, advirtió que el sistema penitenciario chileno atraviesa un momento crítico producto del hacinamiento, el aumento de la población penal y la creciente presencia del crimen organizado.

Espinoza sostuvo que la política penitenciaria debe dejar de entenderse únicamente como un sistema de custodia y avanzar hacia una gestión basada en segmentación de la población penal, fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria y mayor profesionalización de Gendarmería. «La cárcel, a diferencia de hace algunos años en Chile, ya no es sólo un lugar de reclusión donde vayan a cumplir una pena, sino que se ha transformado en un lugar desde donde se organizan, donde planifican, donde reclutan personas, donde mantienen una estructura similar a la de afuera”, enfatizó.

Secreto bancario

Otro de los ejes del encuentro fue la discusión sobre el proyecto que permite levantar, en casos excepcionales y bajo estrictos controles, el secreto bancario para fines de inteligencia financiera.

Gabriel de la Fuente, exministro Segpres, explicó que seguir la ruta del dinero es una de las herramientas más eficaces para desarticular organizaciones criminales. «El levantamiento del secreto bancario nos ayuda a poder, precisamente, seguir esta ruta del dinero, a seguir esta trazabilidad del dinero porque, al final del día, la comisión de la mayor cantidad de delitos vinculados al crimen organizado tiene un único fin: el lucro. Es el dinero”.

Además, sostuvo que el secreto bancario no debe entenderse como una barrera absoluta, sino como una garantía que puede ceder excepcionalmente bajo reglas estrictas, controles y resguardos institucionales.

Prevención y políticas públicas de largo plazo

La académica de la Escuela de Gobierno UC y directora de investigación del Centro UC Justicia y Sociedad, Catalina Droppelmann, llamó a ampliar la discusión sobre seguridad más allá del crimen organizado y advirtió sobre los riesgos de concentrar el debate exclusivamente en respuestas punitivas.

“No estoy negando que haya mayor presencia del crimen organizado en Chile, creo que sí la hay, pero no podemos abordar el problema de seguridad solo desde esa arista en la que se ha desarrollado la reforma. Hay que sofisticar la respuesta al Estado”, enfatizó la académica.

Droppelmann planteó que el aumento de la complejidad criminal responde también a fenómenos como la exclusión social, la debilidad del Estado en algunos territorios y la ausencia de políticas preventivas dirigidas a niños, niñas y adolescentes.

“La prevención es algo que políticamente no da rédito, son programas o intervenciones del Estado, cuyos beneficios se ven a 15 o 20 años, entonces es muy difícil que un gobierno quiera invertir en temas de prevención”.

Respecto del sistema penitenciario, sostuvo que la sobrepoblación carcelaria también responde al creciente uso de la prisión preventiva y al endurecimiento de la legislación penal. «La construcción de más cárceles será siempre una solución infinita si no abordamos las causas que siguen aumentando la población penal”, concluyó.

Inteligencia y coordinación institucional

El diputado Raúl Leiva, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, coincidió en que el país necesita fortalecer las capacidades preventivas del Estado. “Hoy día no necesitamos elevar las penas, sino que mejorar las herramientas de persecución criminal”.

El parlamentario añadió que el crimen organizado debe entenderse como una amenaza multidimensional que afecta la economía, las instituciones y los territorios. “La prevención es fundamental y en Chile no se invierte en prevención”.

Los participantes coincidieron en que enfrentar los desafíos actuales exige combinar mejores herramientas de persecución penal con políticas preventivas, fortalecimiento institucional, inversión en inteligencia y una reforma del sistema penitenciario, evitando respuestas exclusivamente centradas en el aumento de las sanciones.

La actividad fue organizada por el Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso, en conjunto con la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputadas y Diputados.

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