La importancia de este tipo de prácticas es especialmente relevante al considerar la amplia evidencia respecto de lo ineficaces que son los enfoques punitivos sobre la reincidencia delictiva, en comparación con tratamientos enfocados en la rehabilitación y la reinserción de las personas, los cuales tienen efectos variados, pero consistentemente positivos sobre la reincidencia delictiva (Lipsey y Cullen, 2007).

Por una parte, estudios recientes sobre los procesos de reinserción social han destacado la multiplicidad de factores que inciden en esta, enfatizando la necesidad de no sólo considerar factores clínicos, funcionales, personales y sociales; sino además, incorporar la proyección a futuro y esperanza en las propias capacidades, las relaciones sociales, la seguridad social y el desarrollo de un sentido de identidad pro-social (Bredenoort et al 2022). Por otro lado, la complejidad del pensamiento criminal y sus comportamientos asociados, hacen muy difícil que un solo programa o intervención pueda abordarlos en su totalidad. Déficits estructurales como la pobreza, sistemas de educación inadecuados, falta de vivienda a precios asequibles, desempleo y deficiente acceso a oferta de salud hacen que las tareas de rehabilitación sean aún más complejas (Severson et al, 2012).

Asimismo, existe evidencia de los efectos positivos de la práctica conocida en inglés como «temporary release» o «salidas controladas», como una manera de facilitar la transición entre una condena privativa de libertad y el proceso de reintegración comunitaria. Una revisión sistemática realizada por Cheliotis (2008) mostró efectos prometedores en este tipo de iniciativas, particularmente los programas de salida controlada al medio libre para trabajar, puntualmente sobre los niveles de reincidencia y de inserción laboral. Estos hallazgos han sido respaldados por evidencia en programas de inserción laboral en países como Australia.

Uno de los elementos esenciales de esta transición a la vida en libertad tiene relación con el acceso a una vivienda segura, estable y que evite la incertidumbre de experimentar estar en situación de calle. Esta medida es también costo-efectiva y tiene consecuencias positivas relevantes en la disminución de la reincidencia delictiva (Willis, 2018). Esto, además, contribuye a la sensación de bienestar, auto estima y pertenencia a una comunidad, todos factores clave al momento de proyectar un futuro pro social y alejado del delito.

Finalmente, una forma especial en que estos programas buscan reducir la reincidencia, es a través de la colocación de personas infractoras de ley en hogares transicionales e instituciones de cumplimiento comunitario. El objetivo es ofrecer un amplio espectro de servicios durante períodos de 4 y 6 meses, como rehabilitación de drogas y/o alcohol, continuidad educacional, inserción laboral, recomposición de vínculos familiares, tratamientos cognitivo conductuales, manejo de la ira, habilidades para la vida, bienestar y herramientas de socialización. Un conjunto de programas de este tipo, implementados en el estado de Ohio (Estado Unidos) fue evaluado por Lowenkamp y Latessa (2005) mediante un diseño cuasi experimental, encontrando los siguientes hallazgos en el seguimiento de dos años posteriores a la intervención: el grupo de tratamiento tuvo menos probabilidades de volver a ser privado de libertad, de quebrantar su beneficio penitenciario, y de ser arrestado nuevamente (todas estas diferencias son estadísticamente significativas).

Los programas de reintegración a la comunidad que han mostrado evidencia de efectividad son altamente estructurados. Por ello, es relevante la fidelidad en la implementación, en particular porque articulan un conjunto de actividades y servicios que deben ser prestados respetando los estándares establecidos a nivel de diseño.

En este sentido, un estudio realizado por Lattimore et al (2013), mostró que un número considerable de programas que no entregó todos los componentes comprometidos en su diseño en elementos tales como empleo, vivienda, y tratamiento para el consumo de drogas, no lograban mostrar diferencias estadísticamente significativas en arrestos y re encarcelamiento entre personas tratadas y no tratadas. Estos hallazgos fueron posteriormente profundizados por un estudio realizado por Visher et al (2016) quienes encontraron en una evaluación a 12 programas de esta clase, que aquellos con problemas a nivel de fidelidad de la implementación tuvieron peores resultados que los de programas dirigidos hacia el cambio individual (por ejemplo, programas educacionales, de tratamiento de salud mental, rehabilitación de drogas y/o alcohol, y cognitivo-conductuales).

1. Bredenoort, M; Roeg, D. y van Vugt, M. (2022). A shifting paradigm? A scoping review of the factors influencing recovery and rehabilitation in recent forensic research. International Journal of Law and Psychiatry 83 (2022) 101812
   (Severson et al, 2012).
2. Cheliotis, L. (2008). Reconsidering the effectiveness of temporary release: A systematic review. Aggression and Violent Behavior 13 (2008) 153–168
3. Lattimore, P; Barrick, K; Cowell, A; Debbie, D; Steffey, D; Tueller, S; Visher , C. (2013). Prisoner Reentry Services: What Worked for SVORI Evaluation Participants? National Institute of Justice.
4. Lipsey, M. y Cullen, F. (2007). The Effectiveness of Correctional Rehabilitation: A Review of Systematic Reviews. Annu. Rev. Law Soc. Sci. 2007. 3:297–320
5. Lowenkamp, C. y Latessa, E. (2005). Increasing the Effectiveness of Correctional Programming through the Risk Principle: Identifying Offenders for Residential Placement. Criminology & Public Policy 4(2):263–90.
6. Visher, C; Lattimore, P; Barrick, K. & Tueller, S. (2016): Evaluating the Long-Term Effects of Prisoner Reentry Services on Recidivism: What Types of Services Matter?, Justice Quarterly, DOI: 10.1080/07418825.2015.1115539.
7. Willis, M. (2018). Supported housing for prisoners returning to the community: A review of the literature. AIC Reports: Research Report 07. Australian Institute of Criminology.