Con más de 130 personas presentes, las palabras de bienvenida del subsecretario Justicia, Jaime Gajardo, de nuestro Director de Investigación y Desarrollo, Pablo Carvacho, las exposiciones de las académicas argentinas María Fernanda Rodríguez y Graciela Julia Angriman, los comentarios de nuestra Directora Ejecutiva, Catalina Droppelmann y la conversación de dos paneles especializados, se desarrolló el Seminario «Género y Justicia: el sistema penal y los derechos sesgos contra la mujer y las disidencias».

Al respecto, Pablo Carvacho, comentó en sus palabras de bienvenida al encuentro que «para nosotros el acceso a la justicia es una de las líneas de desarrollo clave si queremos tener una sociedad más justa y menos violenta. Es por ello que hemos llevado a cabo estudios en población general en Chile, en personas discapacitadas, en población privada de libertad, entre otros. En nuestro objetivo por generar evidencia y proponer mejores políticas de justicia nos acercamos a los problemas desde un punto de vista sociolegal y criminológico. Buscamos, así, alejarnos de miradas enteramente normativas. Desde esta mirada hemos observado que la justicia no puede ser entendida como un servicio que se entrega simplemente de manera universal. El empoderamiento legal, la idea de nombrar o tener conciencia de tener un problema justiciable, entender que existe una entidad o persona responsable y reclamar por dicho problema, se manifiesta diferenciadamente entre los distintos grupos de la población»

Respecto al Estudio de Acceso la Justicia en Chile realizado por el Centro el año 2021, «encontramos que la desesperanza frente al problema, el miedo, la falta de conocimiento y educación legal, los costos, y el excesivo esfuerzo que implica buscar ayuda son los principales obstaculizadores para acceder a la justicia». De ese mismo trabajo de Investigación se desprende el dato que entre las poblaciones típicamente invisibilizadas y excluidas como las mujeres y disidencias estos obstáculos se presentan de manera más frecuente y con mayor intensidad.

«Las políticas de acceso a la justicia, de esta forma, no puede dejar de mirar la posición en la sociedad de ciertos grupos y cómo estos son estructuralmente discriminados y excluidos. Esto, es sólo un primer paso para tener un verdadero sistema de justicia. Otro tanto debe ser pensado desde los actores del sistema de justicia y seguridad. Policías, fiscales, defensores y jueces deben desarrollar políticas con focos de género, observando las interseccionalidades de las poblaciones que atiende, si se quiere entregar justicia que no se sólo formal sino también sustantiva», concluyó Carvacho.

Palabras de autoridades

En la ocasión también estaba presente el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, quien se comprometió a seguir trabajando para lograr “que el acceso a la justicia sea igual para hombres, mujeres y disidencias sexuales”.

Y agregó que «lamentablemente, aún existen muchas brechas e inequidades para que las mujeres y las personas LGTBIQA+ sean oídas por el sistema penal y se logre visibilizar las dificultades que tienen para ejercer sus derechos básicos”. También enfatizó que “las discriminaciones contra las mujeres y las disidencias sexuales existen”, constituyendo “distintos tipos de violencia que, muchas veces, es inivisibilizada en nuestro trabajo diario”.

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que «una vez que se invisibiliza una perspectiva social, lo que nosotros estamos haciendo es eliminar una parte de la realidad. Y precisamente lo que quiero hacer este encuentro es visibilizar el conjunto de perspectivas que existen en nuestra sociedad y cómo éstas impactan dentro del sistema de justicia. Esto que parece tan sencillo, es algo tremendamente complejo. Cuando nosotros generamos una sociedad que construye la normativa, desde ahí operan los distintos sujetos que forman parte de las operaciones clásicas del derecho, estamos construyendo una justicia inclusiva que toma en consideración el conjunto de realidades que existen en nuestra sociedad», explicó.

Al mismo tiempo, el subsecretario explicó que desde la realidad penitenciaria existen al menos tres ámbitos en los que se debe trabajar. «El primero tiene que ver con las mujeres que está privadas de libertad, el segundo tiene que ver con las diversidades y divergencias que existen al interior de los penales y en tercer lugar, estos dos aspectos, en el sistema de Justicia Juvenil».

Gajardo comentó que en la actualidad «tenemos muy pocas cárceles que han sido diseñadas con infraestructura para mujeres y esto incide en las normas de convivencia, de reinserción social y de salud. Lo que hicimos desde el Ministerio es presentar a la sociedad el Plan de Concesiones Carcelarias para Mujeres. En materia de diversidades, también están dentro de este plan como un grupo interseccional».