La Guía de monitoreo de corrupción de cárceles de Latinoamérica, fue desarrollada junto a representantes de 12 Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura de la región y busca fortalecer la protección de derechos humanos en contextos penitenciarios.
La corrupción en las cárceles se ha transformado en uno de los principales desafíos para los sistemas penitenciarios de América Latina. Frente a este escenario, el Centro UC Justicia y Sociedad, junto al Comité para la Prevención de la Tortura de Chile (CPT), Penal Reform International y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentaron la “Guía de Monitoreo de Corrupción en Cárceles de Latinoamérica”, una herramienta orientada a fortalecer la prevención, detección y monitoreo de prácticas corruptas en recintos penitenciarios.
A la presentación de esta iniciativa asistieron el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet; la decana de la Facultad de Ciencias Sociales UC, Katherine Strasser; la presidenta del CPT Chile, Karen Espínola; el director del Centro UC Justicia y Sociedad, Eduardo Valenzuela; la directora del Centro UC Justicia y Sociedad y académica de la Escuela de Gobierno UC, Catalina Droppelmann; el fiscal regional Metropolitano Occidente del Ministerio Público, Marco Pastén y la representante en Seguridad del BID, Lina Marmolejo, entre otras autoridades.
Durante su intervención, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales UC, Katherine Strasser, destacó que esta guía “demuestra cómo la academia puede contribuir de manera directa a los desafíos públicos más complejos de nuestra región, generando conocimiento aplicado, promoviendo evidencia para la toma de decisiones y construyendo puentes entre investigación, instituciones y sociedad civil”.
El documento fue elaborado de manera colaborativa con representantes de 12 Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura de América Latina —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay— y busca entregar orientaciones concretas para organismos de derechos humanos que realizan visitas e inspecciones periódicas a cárceles.
El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, valoró el lanzamiento de la guía y destacó que el Gobierno “ha definido como una prioridad avanzar hacia el nuevo modelo de gobernabilidad penitenciaria sustentando una acción coordinada entre el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Derechos Humanos de Chile. Este enfoque considera el desarrollo de instancias permanente de coordinación interinstitucional, orientadas a fortalecer las capacidades de control penitenciario, inteligencia y coordinación operativa y prevención de la corrupción al interior de los recintos penales…No podemos continuar observando las cárceles únicamente como el espacio de administración penitenciaria”.
Entre los factores que facilitan la corrupción, la guía identifica las malas condiciones laborales del personal penitenciario, la falta de supervisión efectiva, la necesidad de mantener el orden sin recurrir permanentemente a la violencia y el crecimiento de mercados ilícitos asociados al ingreso de drogas, armas, celulares y extorsiones.
“No podemos entender la corrupción por fuera cómo descansa el manejo del orden de las cárceles. Y el manejo del orden descansa sobre desequilibrios de poder. No es algo estático, se negocia día a día”, enfatizó Catalina Droppelmann, directora Centro UC Justicia y Sociedad y académica de la Escuela de Gobierno UC. Asimismo, el texto también advierte sobre los riesgos de atribuir exclusivamente el problema al crimen organizado o a casos individuales de corrupción.
Esta Guía organiza el monitoreo en seis áreas prioritarias: habitabilidad, acceso a derechos básicos, reinserción, contacto con el exterior, acceso a la justicia e integridad física. Entre las prácticas detectadas se incluyen cobros por camas o celdas, extorsiones para acceder a alimentos o medicamentos, pagos para ingresar a programas de reinserción y restricciones arbitrarias al acceso a visitas o defensa jurídica.
Como respuesta, la publicación propone avanzar hacia una “integridad carcelaria”, entendida como el compromiso ético y profesional de ejercer las funciones penitenciarias de manera coherente con los objetivos de seguridad, dignidad, justicia y reinserción social.
El documento también incorpora recomendaciones éticas para el trabajo de monitoreo en cárceles, incluyendo protocolos de seguridad para equipos de terreno, resguardo de la confidencialidad de informantes y orientaciones para la realización de entrevistas sensibles.
Accede a la guía aquí
