Seguridad Pública Regional-Antofagasta

Seguridad Pública Regional-Antofagasta

RESUMEN EJECUTIVO

El Centro UC Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile reúne la experiencia
y trayectoria de más de diez años de investigación aplicada y producción de evidencia sobre el
funcionamiento del sistema de justicia y de las políticas de seguridad, así como en la formación
de quienes toman decisiones en ese ámbito. Su trabajo combina investigación, formación de
profesionales e incidencia en el debate público.

Datos en Perspectiva – Serie Seguridad Pública Regional – forma parte de una serie de boletines
regionales orientados a contribuir al debate público sobre seguridad desde una perspectiva
territorial. El objetivo es analizar las prioridades estratégicas y desafíos principales en materia
de seguridad a partir de un diagnóstico a nivel regional. De esta manera, se busca aportar
información relevante para un debate en materia de seguridad y para la toma de decisiones en
el ámbito de las políticas públicas con perspectiva regional.

La Región de Antofagasta se encuentra actualmente en un proceso de actualización de sus
instrumentos de planificación estratégica. La última Estrategia Regional de Desarrollo aprobada
corresponde al período 2009–2020, mientras que una nueva ERD se encuentra actualmente en
elaboración, con su aprobación proyectada para 2027. Paralelamente, en materia de seguridad
se han desarrollado distintos procesos orientados a definir prioridades regionales, incluyendo
los Consejos Regionales de Seguridad Pública y estudios destinados a apoyar la construcción de
una futura Estrategia Regional de Seguridad. A ello se suma el Plan de Gobierno Regional 2025-
2029, cuyo primer eje se centra en la seguridad de la región, contemplando distintas iniciativas
vinculadas con prevención, control del delito y atención a víctimas.

Este proceso de planificación se desarrolla, además, en un contexto de baja disponibilidad de
recursos destinados a seguridad pública. En 2025, Antofagasta presentó el menor gasto per
cápita en seguridad entre las regiones del país y la menor tasa de funcionarios de seguridad por
cada 100 mil habitantes. La disponibilidad de vehículos y cámaras operativas también se ubicó
considerablemente por debajo del promedio nacional.

En cuanto a las tendencias delictuales, el diagnóstico muestra un escenario heterogéneo. La tasa
de homicidios alcanzó su máximo en 2022 y ha disminuido sostenidamente desde entonces,
acercándose en 2025 al nivel nacional. Asimismo, los homicidios asociados a delitos y/o grupos
organizados han perdido peso relativo durante los últimos años. En contraste, los secuestros
aumentaron fuertemente a partir de 2021 y, pese a su descenso reciente, permanecen por
sobre sus niveles previos; mientras que los delitos asociados a la Ley de Armas alcanzaron
niveles históricamente elevados en 2024 y 2025. Los delitos asociados a la Ley de Drogas, por
su parte, muestran una relativa estabilidad durante los últimos años, aunque con una creciente
participación del microtráfico.

ACCESO AL DOCUMENTO